Corte Suprema de Estados Unidos avaló política sobre deportaciones de Biden
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración de Joe Biden aplicar la política que escoja en materia de deportación de inmigrantes indocumentados.
En una votación mayoritaria de ocho jueces de nueve, el alto tribunal rechazó por razones de procedimiento una apelación presentada por los estados de Texas y Luisiana, actualmente gobernados por los republicanos.
Esta sentencia permite la entrada en vigor de una directiva adoptada en septiembre de 2021 por el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, que reclamaba a la Policía de Migración (ICE) centrar sus esfuerzos en los extranjeros que supongan una amenaza terrorista o delictiva y los que arribaron al país después del 1 de noviembre de 2020.
"No tenemos recursos para arrestar y deportar a cada uno de ellos [migrantes indocumentados]", justificó Mayorkas, defendiendo una visión contrapuesta a la del expresidente republicano Donald Trump.
Cabe resaltar que más de 11 millones de inmigrantes indocumentados viven actualmente en Estados Unidos.
La directiva fue impugnada de inmediato ante la justicia por las autoridades de Texas y Luisiana, alegando que les generarían costos adicionales en materia de educación, policía y servicios sociales. Un juez federal falló a su favor en junio de 2021 y bloqueó la implementación de esta política.
El gobierno de Biden recurrió entonces a la Corte Suprema, que finalmente estuvo de acuerdo sin entrar a considerar los argumentos de fondo.
"Los estados pretendían que la justicia federal ordenara al Ejecutivo modificar su política de detenciones para proceder a más detenciones", pero la Corte Suprema ha aclarado en numerosas ocasiones que solo las personas que son objeto de esa política pueden cuestionarla, explicó el magistrado Brett Kavanaugh en nombre de la mayoría del tribunal.
"En aplicación de este principio fundamental (...), concluimos que los estados no tienen potestades para interponer esta demanda", señaló.
"La decisión no debe entenderse como una sugerencia de que el Ejecutivo tiene total libertad" en la materia, aclaró, dejando la puerta abierta a futuras demandas.
