En febrero pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela determinó que el 25 de mayo se celebrarán elecciones legislativas y regionales; o sea, de la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos de los estados. El presidente del CNE, Elvis Amoroso, aseguró entonces que se garantizará “la mayor confiabilidad y transparencia”.
También informó que todos los partidos y candidatos que participen en dichas elecciones deberán suscribir un documento en el que “se comprometen a respetar y acatar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral como poder constitucional de la república”. Todo eso sin haber publicado aún los resultados desglosados del supuesto triunfo de Nicolás Maduro el 28 de julio, según estuvo contemplado por el cronograma oficial.
“La escritura está en la pared”, según las aclaraciones de la propia autoridad electoral. Serían innecesarias en cualquier país con instituciones democráticas, ya que esas son las reglas de juego implícitas en la competencia electoral. En Venezuela, sin embargo, dichas redundancias son necesarias para ocultar, por la vía de la repetición, lo que ocurrirá: no habrá confiabilidad ni transparencia alguna, y ningún candidato tendrá derecho a objetar un resultado ni auditar un escrutinio, como fue el caso el 28 de julio pasado.
El régimen anuncia con ello el resultado electoral, sólo que por anticipado. Es decir, tanta redundancia hace las veces de confesión de parte del próximo fraude. Quienes participen no podrán decir que no fueron avisados.
De ahí que el presidente electo Edmundo González y María Corina Machado anunciaran que la fuerza política que representan no participará en lo que consideraron serán “elecciones falsas”. Advirtieron, con toda lógica, que sólo podrá haber comicios legítimos cuando se respete su triunfo en las elecciones presidenciales de julio pasado.
Como en ocasiones anteriores, surgieron quienes proponen participar para “ofrecer una opción a la ciudadanía, no dejar el camino libre al chavismo” y formulaciones conocidas. Es el simplismo de una, igualmente redundante, oposición funcional al régimen. No es accidental que pase por alto que participar en una elección con dichas reglas, que constituyen un resultado preanunciado, es legitimar el fraude. Esa es la opción que realmente ofrecen, tampoco podrán decir que no sabían.
Por ello fue que el partido Primero Justicia expulsó a Henrique Capriles, Tomás Guanipa y otros dirigentes, quienes fueron habilitados arbitrariamente luego de negociar su participación con Maduro. Ello mientras los partidos auténticamente opositores continúan judicializados y muchos de sus dirigentes encarcelados. De nuevo, la escritura está en la pared.
Participar “para no dejar el camino libre al chavismo” es una forma de colaboracionismo agotada. Además de la fatiga que causa en la sociedad, ello desconoce que un nuevo capítulo de la historia de Venezuela comenzó el 28 de julio de 2024. Es el capítulo de la descomposición terminal del chavismo, derrotado por 37 puntos. Ello a pesar de la represión del régimen y un burdo fraude; a su vez, probado y documentado. Y que tiene valor retroactivo, pues obliga a inferir varios fraudes anteriores que no fue posible documentar.
Por lo cual, el venezolano y la venezolana de a pie no acudirán al llamado de Maduro, de Capriles o de quien sea. El 25 de mayo de 2025 se quedarán en sus casas, será una jornada de desobediencia civil.
