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Miércoles, 18 de diciembre de 2024
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España

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, negó ante la justicia haber cometido irregularidades en sus actividades profesionales

El abogado de la acusada, Antonio Camacho, aseguró que su cliente se ha comportado de “una manera correcta”.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, compareció ante la justicia de su país y negó haber cometido alguna irregularidad en sus actividades profesionales privadas.

Según las investigaciones, Gómez se habría aprovechado de ser la esposa de Sánchez para conseguir dirigir en la Universidad Complutense de Madrid un máster y obtener financiación privada para el mismo, acción delictiva catalogada como tráfico de influiencias.

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Asimismo, la justicia examina si la mujer de 49 años, a cambio de esta financiación para su curso, habría ayudado a un empresario a conseguir acceso privilegiado a ofertas públicas.

Por otro lado, se investiga si cometió un delito al registrar a su nombre un programa informático creado por otros, así como la denominación del curso, Transformación Social Competitiva.

Tras la salida de la audiencia de este miércoles, el abogado de la acusada, Antonio Camacho, aseguró que Gómez se ha comportado de “una manera correcta”.

"Mi cliente se ha comportado siempre de una manera correcta, siempre en coordinación con la Universidad Complutense y en ningún momento ha intermediado, de ninguna manera, ante nadie, a efectos de que" un empresario "obtuviera licitaciones públicas", dijo.

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La defensa también explicó que su cliente había querido declarar "desde el mismo inicio del procedimiento, porque no tiene nada que esconder", pero que no lo había hecho debido a que “había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando".

Es de mencionar que Begoña Gómez ya había comparecido en el mes de julio, pero se acogió a su derecho a no declarar. En dicha ocasión, la mujer solo respondió a las preguntas de su abogado.

Para el mes de noviembre, Gómez aseguró ante una comisión del Parlamento regional de Madrid, donde gobierna la derecha, que las denuncias en su contra tienen "un objetivo político evidente".


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