La polémica que generó el anuncio de Petro sobre regulación de servicios públicos en Colombia
Respaldado bajo un concepto jurídico de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, anunció que su Gobierno asumirá “temporalmente” la regulación de los servicios públicos del país.
Durante una intervención en un evento con los representantes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), en Duitama (Boyacá), el mandatario colombiano realizó el aviso y sostuvo que lo hace por “orden constitucional”.
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“Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos, por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control (...) directa y personalmente, en función de lo que la misma ley dice: primero, el interés general y el del usuario”, agregó.
En ese contexto, Petro Urrego argumentó que actúa amparado bajo el artículo 370 de la Constitución, que le permite al presidente “señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los prestan”.
No obstante, varias asociaciones y gremios del sector han manifestado sus puntos de vista al respecto.
Para el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, la decisión de Gustavo Petro es muy peligrosa y podría significar un retroceso histórico en los servicios públicos del país.
“Estamos teniendo todos los puentes, porque una decisión política puede ser un retroceso histórico en los servicios públicos. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) han funcionado con personas técnicas. Las empresas de servicios públicos son vigiladas y tienen una rentabilidad máxima de 12%, por debajo de la inflación”, explicó al diario La República.
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Por su parte, algunos miembros de la oposición colombiana también se han pronunciado en contra de la determinación del presidente Petro.
Ese fue el caso de la senadora del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien argumentó que “esto es regresar en el tiempo para mal".
"No han entendido que las tarifas de los servicios públicos las definen técnicos, no demagogos y populistas”, agregó Cabal.
El senador del Partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, argumentó que “la improvisación y falta de rigor técnico son características del actual Gobierno”. Por lo que argumentó que la decisión “generará racionamiento, clientelismo y retraso en el desarrollo del país”.
