Tribunal niega preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal
Este viernes, el magistrado Carlos Andrés Guzmán del Tribunal Superior de Bogotá desestimó la solicitud de preclusión del caso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
El mismo Álvaro Uribe advirtió este jueves en la noche que ya conocía la decisión del tribunal de no aceptar la apelación del ente acusador para cerrar la investigación, citando reportes de prensa.
A través de la red social X, antes Twitter, escribió: "Me niegan la Preclusión y ordenan llevarme a juicio".
Uribe, cuando se dio comienzo a la audiencia de este viernes, se presentó ante el magistrado e inmediatamente decidió retirarse, por lo que no escuchó la decisión en su contra como sí lo hizo su defensa.
El Tribunal Superior de Bogotá aseguró que Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que actualmente paga condena por sus hechos delictivos y ha relacionado al expresidente con grupos paramilitares, sí es un testigo clave en la investigación, contrariando así la teoría de la Fiscalía de que no lo es.
“La Fiscalía no probó la tesis de que Juan Guillermo Monsalve fue quien buscó contactar al expresidente Álvaro Uribe Vélez”, indicó el magistrado.
"Esta Sala de Decisión del Tribunal ha confirmado la decisión de primera instancia, por medio de la cual se negó la preclusión de la investigación adelantada en contra de Álvaro Uribe Vélez, pero por las causales, los motivos y en los términos
expuestos en cada uno de los siete (7) eventos desarrollados", dijo en su decisión el tribunal.
En su decisión, el Tribunal de Bogotá aseguró que "se advirtieron relevantes inconsistencias entre varios de los medios de conocimiento (testimonios, documentos e incluso pericias), lo que revela la existencia de hipótesis fácticas que se
contraponen entre sí y que podrían tener sustento probatorio, por lo que, en esta etapa no podría afirmarse, con el nivel de conocimiento
exigido, que una u otra es la correcta", señaló.
Además, el tribunal le sugirió a la Fiscalía seguir investigando el caso.
"La Fiscalía podrá evaluar, dentro de su autonomía
y sus facultades constitucionales y legales, si ha de continuar investigando, o si, por el contrario, en algunos de los eventos pueda adoptar otra alternativa, por ejemplo, la posibilidad de definirlos de fondo a partir de una valoración detenida de la prueba construida en un debate abierto, con participación de las partes y en un escenario de plena confrontación y contradicción de los medios de conocimiento que allí ellos presenten", sostuvo.
De esta manera, el proceso en contra del exmandatario colombiano continúa y su futuro judicial queda nuevamente en manos de la Fiscalía, que deberá decidir sobre cómo se llevará a cabo la acusación, teniendo en cuenta que la postura del organismo, en varias oportunidades, ha sido que no se cuenta con los elementos suficientes para llevar a Álvaro Uribe a una etapa de juicio.
Esta es la cronología de este complejo caso, cuyos hechos abarcan más de 10 años:
11 de abril de 2012: El Congresista Iván Cepeda realizó un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara sobre las investigaciones que debían realizarse por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los municipios del nordeste antioqueño, especialmente en San Roque, para establecer la eventual responsabilidad de los hermanos Uribe Vélez, Santiago Gallón y Juan Guillermo Villegas en los hechos.
7 de mayo de 2012: El congresista del Polo Democrático le informó al entonces fiscal Eduardo Montealegre incidentes relacionados con la seguridad de Juan Guillermo Monsalve, después de conocerse la entrevista que hizo con él.
En septiembre, Monsalve declaró ante las autoridades que el Bloque Metro, grupo armado ilegal que operó en Antioquia en la década de 1990, se conformó a finales de 1996 y comienzos de 1997 en la hacienda Guacharacas, con la supuesta participación de Luis Alberto Villegas, Juan Guillermo Villegas, Santiago Uribe, Álvaro Uribe, Santiago Gallón y John Jairo Franco.
17 de septiembre de 2014: Cepeda radicó en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un escrito informando la situación de riesgo de los testigos Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve en relación con los supuestos vínculos de Uribe con la creación del Bloque Metro.
Ese mismo día, Uribe Vélez entregó a la justicia una serie de entrevistas en las que, al parecer, demostraba que Cepeda manipuló dichos testigos en su contra. Lo anterior por supuestamente entrevistarse, en septiembre del 2011, con unos internos de las cárceles de Itagüí y Cómbita con el fin de acusar al expresidente de participar en varios delitos junto con grupos paramilitares.
6 de febrero de 2018: La Corte Suprema de Justicia archivó una denuncia del expresidente y en ese momento senador, Álvaro Uribe, contra Iván Cepeda. El Tribunal consideró que había indicios de que no era Cepeda quien, al parecer, estaría intentando manipular testigos y compulsa copias contra el expresidente.
24 de julio de 2018: La Corte abre una investigación formal contra Uribe y lo llamó a indagatoria, por el supuesto intento del expresidente junto con Álvaro Hernán Prada de influir ante Juan Guillermo Monsalve.
15 de septiembre de 2018: Se conoció la interceptación por error de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Uribe. El hecho llevó a que la Comisión de Acusaciones iniciara una investigación contra el entonces magistrado José Luis Barceló.
2 de noviembre de 2018: El caso pasa del despacho del magistrado Barceló a la nueva sala Especial de Instrucción en cabeza de la magistrada Cristina Lombana.
7 de febrero de 2019: Iván Cepeda es admitido como parte civil del proceso.
18 de febrero de 2019: La sala especial de instrucción rechazó la solicitud de Uribe de anular su investigación.
10 de mayo de 2019: La sala especial de instrucción aceptó la recusación de Cepeda contra la magistrada Cristina Lombana, quien se apartó del proceso. El caso pasa a manos del magistrado César Augusto Reyes.
9 julio de 2019: Por decisión de la sala de instrucción Uribe es llamado a indagatoria.
8 de octubre de 2019: Uribe asiste a La Corte Suprema a rendir indagatoria y queda vinculado formalmente por los delitos de soborno y fraude procesal.
4 agosto de 2020: La Sala de Instrucción ordena medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria en contra, en ese momento, senador Álvaro Uribe.
18 de agosto de 2020: El expresidente Uribe renuncia a su curul en el Senado, tras señalar que no tiene garantías ante la Corte Suprema. El expediente pasa a manos de la Fiscalía.
2 de septiembre de 2020: El senador Cepeda presenta recusación contra el fiscal Barbosa por considerarlo impedido por su cercanía con el presidente Duque. El fiscal nombra a Gabriel Jaime Durán líder de la investigación.
16 de septiembre de 2020: Es la primera audiencia de Uribe en la justicia ordinaria.
10 octubre 10 de 2020: La juez penal 30 ordena la libertad del expresidente.
6 de noviembre de 2020: Uribe queda bajo investigación formal.
5 marzo de 2021: La Fiscalía concluye que la investigación contra Álvaro Uribe no amerita que el expresidente vaya a juicio y le pide al conjuez que le permita archivar el proceso.
6 de abril de 2021: El fiscal Jaimes formaliza la petición de cerrar el caso ante la juez penal 28.
4 de octubre de 2021: Cepeda y su abogado piden al juez del caso que no precluya el proceso.
10 de noviembre de 2021: La Corte Constitucional niega la tutela de Uribe, presentada en julio de ese año, y aclara que el expresidente sí está imputado.
27 de abril de 2022: La Jueza Carmen Helena Ortiz determinó no cerrar el proceso como lo pedía la Fiscalía.
1 de agosto de 2022: El nuevo fiscal, Javier Cárdenas, concluyó que el caso debe precluirse y pidió una nueva audiencia. El recurso, finalmente, se resolvió este viernes 6 de octubre.