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"Hemos recibido numerosos informes de violencia tras las elecciones en Venezuela": oficina del fiscal de la CPI, con sede en La Haya

Según el último reporte de la organización Foro Penal, desde que iniciaron las protestas en Venezuela luego de las presidenciales del 28 de julio, el régimen madurista ha detenido a más de 1.305 opositores.

La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, declaró el lunes que sigue activamente los acontecimientos en Venezuela.

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La instancia internacional precisó que está “evaluando numerosos informes de violencia” tras la represión del oficialismo venezolano sobre opositores evidenciada desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.

"Podemos confirmar que seguimos activamente los acontecimientos actuales y recibimos numerosos informes de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela", indicó la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), en un comunicado.

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"De acuerdo con nuestro trabajo en todas las situaciones, la oficina evalúa de forma independiente todos estos informes y otras informaciones disponibles en el marco de nuestro mandato y jurisdicción", resaltó.

La instancia detalló que había "entablado un diálogo con el gobierno venezolano al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar el respeto del Estado de derecho en estos momentos".

Desde que comenzaron las protestas en Venezuela contra los resultados leídos por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, quien dio la victoria a Nicolás Maduro, unas 1.305 personas han sido detenidas, entre ellas activistas de derechos humanos, testigos electorales, abogados, y manifestantes.

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Según el último reporte de la organización Foro Penal, entre los detenidos hay 172 mujeres, 117 adolescentes, 14 indígenas y 16 personas con discapacidad.

A días de las elecciones, el CNE no ha publicado una sola acta o dato que respalde sus afirmaciones del supuesto triunfo de Maduro.

Es de recordar que la CPI lleva varios años investigando presuntos crímenes de lesa humanidad que habría cometido el régimen de Venezuela en 2017, durante protestas de la oposición en las que murieron más de 100 personas.


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