El 22 de octubre pasado escribí “La Carta Democrática en Perú”. Se había conformado entonces el “Grupo de Alto Nivel” en el seno de la OEA, una gestión de varios cancilleres de la región. Fue en respuesta al pedido del gobierno de Pedro Castillo en base a los artículos 17 y 18 de dicha Carta, donde se prevé la mediación del sistema interamericano para asistir a un Estado-parte en un proceso de conflicto institucional y proteger la democracia.
“Deterioro institucional”, precisamente, Perú hoy y por décadas, decía yo en aquella columna. Pues ocurre que, ni bien concluyó la visita de dicho grupo, y que apenas tuvo tiempo para emitir un informe preliminar sobre lo hallado y recomendado, el propio Castillo pateó el tablero.
Y de manera irracional; es decir, contrario a los propios intereses de cualquier político: su supervivencia política. Es que se vistió de Alberto Fujimori y procedió a “ordenar” la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. O sea, legislar por medio de decretos del Ejecutivo y así concentrar la suma del poder público en sus manos; el tan mentado autogolpe.
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Ordenar con comillas porqué hacer el papel de Fujimori requiere apoyo popular, de las Fuerzas Armadas, capacidad de controlar el flujo de información y el Poder Judicial, y férrea autoridad sobre su propio gabinete. Pero Castillo no es Fujimori, ni contaba con un Rasputín como Vladimiro Montesinos en su corte. En cuestión de minutos renunció la mitad de su gabinete, el Congreso dejó las puertas abiertas para que ingresaran los legisladores, el Poder Judicial lo denunció y Castillo fue arrestado.
El gobierno de emergencia duró un par de horas. Ahora sí, finalmente, el presidente se hizo merecedor de la “vacancia”; o sea, su destitución. El recóndito enigma de los políticos auto-destructivos otra vez en escena. Tánatos mataba sin violencia, con suavidad. Castillo tal vez no lo sabía o lo olvidó.
En el Congreso lo tenían muy presente; los votos que antes escaseaban, ahora sobraron. Tenían imputada a la vicepresidente Dina Boluarte por diversas clases de delitos, algunos creíbles y otros delirantes, varios potencialmente materiales en un proceso y otros absolutamente irrelevantes. Los “castillistas” decían que ese era el plan de los congresistas opositores: vacarlos a ambos al mismo tiempo y tomar control de la presidencia.
Nota al pie de página: las comillas porque no existe tal fenómeno, el castillismo. Ni jamás existió, las identidades políticas en Perú son en extremo fluidas, tanto que duran solo durante los meses, en lugar de años, que dura una presidencia. Tal vez la única identidad perdurable sea el Fujimorismo, un estilo de hacer política basado en la intriga palaciega y la deslealtad institucional.
Vuelvo a la historia. En la misma semana que Castillo emitió la orden de disolución del Congreso le fueron retirados los cargos a Dina Boluarte. Casualidad o no, el único vacado fue Castillo y la primera mujer presidente en la historia de Perú tomó posesión. Claramente, la política representada cual democracia parlamentaria.
Salvo que no lo es, es tan solo una ficción de parlamentarismo. Es un sistema de partidos efímeros y en extremo fragmentado, lo cual imposibilita organizar coaliciones legislativas con un mínimo de cohesión, y que por ende genera incentivos perversos: bloqueos mutuos, vetos y contra-vetos legales o de facto. Allí, el único resultado esperable es la parálisis legislativa y la ingobernabilidad. “Inestabilidad por diseño”, se titula este texto, no ocurre por accidente.
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En esos primeros días, la calle observaba la crisis con una cierta distancia, la de un pueblo que no se siente representado por ninguno de los contendientes. Los peruanos dedicados a sus ocupaciones, después de todo ocurrió tantas veces en tan poco tiempo. La comunidad internacional otro tanto, reconociendo a la nueva mandataria, pero sin particular entusiasmo.
Ante el hecho consumado, el ahora expresidente dijo entonces no recordar haber firmado la orden de disolución del Congreso porque le fue proporcionado un brebaje que lo confundió. Otro eslabón más en la cadena de sinsentidos, seguramente bebió el elixir de la soberbia, la poción del engaño y la pérdida de realidad.
A propósito, primaba el silencio y la cautela hasta que el gobierno de México se hizo parte del problema. Ofreció asilo a Castillo y promovió una declaración de cuatro países con gobiernos auto-definidos de izquierda. A partir de dicho pronunciamiento, y no antes, se desataron protestas y actos de vandalismo en diferentes puntos de país; curiosamente como si se tratara de un presidente en extremo popular.
En la declaración en cuestión se denuncia el hostigamiento judicial sufrido por Castillo; lo cual es cierto, el primer pedido de vacancia ocurrió a las pocas semanas de asumir el poder; se aboga por la protección judicial y el respeto a sus derechos humanos, también imprescindible; y se urge al país a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
El problema es que esta última recomendación debió ser para el propio Pedro Castillo y nadie más. Pues el único que revirtió la voluntad popular expresada en el voto fue él. Todo Congreso es elegido por el libre sufragio; Castillo emitió una orden para disolverlo. Pero así son nuestros gobiernos “de izquierda”. Después de todo, tal vez no sea casualidad aquella amistad de Alberto Fujimori y Hugo Chávez.
