El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una hoja de ruta bien clara. Obtener una sobrerrepresentación parlamentaria, controlar el poder judicial y pulverizar el INE. En suma, exterminar la democracia instalando un modelo jurídico al estilo Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Adjudicarse diputaciones artificiales. AMLO busca garantizar, mediante artilugios políticos y otras herramientas, más del 73% de diputados para su partido (MORENA). Una mayoría mórbida. La muerte del pluralismo político y el discenso.
El gobierno de México ha dicho que las reformas buscan establecer un poder judicial que goce de “verdadera independencia, autonomía y legitimidad”. En la práctica será un poder judicial débil, omiso y sumiso a los vaivenes políticos y del crimen organizado.
Una amenaza real. Los próximos 90 días podrían marcar la próxima década de México, señaló el Banco de América, el segundo banco más grande de Estados Unidos. Las reformas judiciales son de alto riesgo, afectan la democracia y causarán mayor volatilidad en los mercados.
Calificadoras de Riesgo prenden sus alarmas. La firma Morgan Stanley degradó la recomendación de inversión en México a sub ponderada. Los riesgos para invertir son mayores. Los cambios judiciales limitan las inversiones de capital y aumentan las primas de riesgos.
El modelo cubano avanza en México. De acuerdo al artículo 94 de la Constitución de Cuba: “Toda persona, como garantía de su seguridad jurídica, disfruta de debido proceso tanto en el ámbito judicial como administrativo”. En la práctica el interés supremo de la revolución pisotea todos los derechos de la persona.
En Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia es una sucursal del PSUV. En 25 años jamás han fallado en contra del régimen. El TSJ validó el fraude electoral de Nicolás Maduro calificando su autoproclamación como inobjetable e inapelable. La ONU ha dejado claro que esa institución es todo menos imparcial y creíble.
El poder judicial de la dictadura sandinista. En Nicaragua la Corte Suprema de Justicia ha sido reducida a una dependencia del partido y la familia. La seguridad jurídica hace mucho que no existe. La confiscación es la orden del día, pese a estar prohibida por la Constitución.
Estados Unidos y Canadá preocupados por clima de inversiones y seguridad jurídica. Los socios comerciales del TMEC han sido claros en que las reformas de AMLO amenazan la relación comercial y la democracia.
México por mal camino. En los regímenes basados en poder absoluto, la seguridad jurídica es la primera víctima de las reformas judiciales. La segunda son las inversiones extranjeras y el derecho sagrado a la propiedad privada.
El hombre fuerte versus las instituciones débiles. En este modelo no importa cuánto conoces de la ley sino a quien conoces. En ese esquema todo se resolvería como en las dictaduras bananeras. Una llamada a López Obrador y asunto resuelto.
México, una de las 15 economías más grandes del mundo, merece algo mejor. La nación azteca se merece una institucionalidad fuerte, robusta, con seguridad jurídica y previsibilidad. Los negocios valoran esto y la democracia todavía más. Un tesoro que vale la pena proteger y por el que vale la pena dar una y mil peleas.
