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"Venezuela es una sucursal del gran consorcio que representa el autoritarismo global": Demóstenes Quijada sobre reactivación de sanciones al régimen

El exdirector de Planificación de la Presidencia Encargada de Venezuela, Demóstenes Quijada, se refirió a las implicaciones de la determinación estadounidense sobre le país latinoamericano.

El Gobierno de Estados Unidos reimpuso sanciones petroleras al régimen de Venezuela ante el incumplimiento del Acuerdo de Barbados.

La Administración del presidente Joe Biden decidió no renovar la Licencia General 44 que fue emitida en octubre de 2023 y que aliviaba las sanciones a dichos sectores, con el fin de apoyar el cumplimiento del acuerdo entre el régimen y la oposición para el desarrollo de elecciones libres en el país.

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Al respecto, el exdirector de Planificación de la Presidencia Encargada de Venezuela, Demóstenes Quijada, se refirió a las implicaciones de la reciente determinación adoptada por el Gobierno estadounidense sobre Venezuela.

“Si bien (Estados Unidos) reimpone el esquema sancionatorio de una manera distinta, también permite continuar con un proceso eventual de negociación a partir de pequeños intercambios”, señaló Quijada.

Sobre la reacción de Nicolás Maduro a la determinación y su afirmación de que no existen tales sanciones ni amenazas para la exportación petróleo, el analista aseveró que “Venezuela es una sucursal del gran consorcio que representa el autoritarismo global”.

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“Expresan ese mensaje de autosuficiencia que no es real (...) lo cierto es que todo el esquema de sanciones siempre tiene para el régimen una utilidad comunicacional de justificar lo injustificable: la lamentable gestión de un Estado secuestrado por la banda criminal que representa la dictadura”, agregó.

Por otro lado, Quijada se refirió a la Licencia 41, la cual no se vio afectada con la reciente decisión de Estados Unidos y que autoriza a Chevron a mantener operaciones de petróleo y gas con Venezuela.

Según afirmó el analista, la aplicación de este nuevo régimen sancionatorio tiene “un efecto claramente político que tiene por objeto hacer una declaración pública del incumplimiento del Acuerdo de Barbados”.


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