Asentada la polvareda electoral, la victoria del oficialismo ha sido llamada “histórica”. Y con razón, digo yo, dada la persistencia, si no la acentuación, de antiguos rasgos del sistema político mexicano. Lo de la historia es pertinente: con una suerte de restauración autoritaria en curso, el futuro de su democracia lo describe su pasado.
La escritura está en la pared, la abrumadora mayoría de Claudia Sheinbaum se retrata con el mapa del país pintado de morado. Una presidencia consolidada por más de 30 millones de votos a su favor, una diferencia con Xóchitl Gálvez superior al 32%, control territorial con 24 de 32 gobernaciones, incluida la Ciudad de México, y mayoría calificada propia en ambas cámaras del Congreso.
El paisaje nos devuelve al siglo XX, aquella época del PRI. En la superficie se ve como la expresión democrática de un movimiento de raigambre popular, y así lo narraba el viejo partido revolucionario. Más en detalle, sin embargo, dichas gestas plebiscitarias están mejor caracterizadas por la clásica noción de “tiranía de la mayoría” que debemos a James Madison.
Ocurre que la democracia es un método para llegar al poder, mediante la construcción de una mayoría electoral. Y también un método para ejercerlo una vez arribado, con derechos y garantías para las minorías, pues toda mayoría es por definición transitoria. Solo así se aseguran la separación de poderes y los contrapesos institucionales que limitan la discrecionalidad del Ejecutivo; es decir, la justicia independiente.
Pues eso estará en retracción. Tal como fue anticipado por López Obrador y aceptado por Sheinbaum, el partido de gobierno propone una ambiciosa reforma constitucional con el propósito de renovar por voto popular más de 1.600 cargos en la justicia. Ello incluiría a los integrantes de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como todos los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito.
Para proceder con la reforma, el gobierno cuenta con su super-mayoría legislativa, requisito constitucional, pero además la presidenta electa ha anunciado una encuesta para que el pueblo de a conocer su opinión sobre los jueces. Difícil imaginar que los jueces favorecidos en ella no pertenezcan al campo político de quien acaba de ser elegida con más del 60% de los votos.
Así es el poder plebiscitario. Todo apunta en dirección de una fuerte concentración de autoridad en el Ejecutivo, la fusión de las tres ramas del Estado en una y la suma del poder público en la presidencia.
Se trunca con ello el proceso democratizador mexicano iniciado en los años noventa y que concluyó con 70 años de monopolio priista. Fracasa hoy el liberalismo demo-cristiano panista, obtuvo el 16% de los votos. Bastó que Sheinbaum dijera ser “hija del 68″ para que desapareciera el progresismo democrático del PRD, obtuvo el 1,86 por ciento. Y concluye el aggiornamento democrático del PRI, obtuvo el 9,54% y con una masiva migración de sus operadores políticos en dirección de su alter-ego del siglo XXI, Morena. Es el llamado de la tribu.
Las restricciones políticas de esta verdadera épica refundacional se presentarán por el lado del sector externo, el tratado con Canadá y Estados Unidos que exige neutralidad en las reglas. Pues son las reglas con las que opera el sector privado nacional, los inversionistas extranjeros, los gobiernos y economías occidentales, y los organismos multilaterales.
Pero eso se irá viendo, razonan con la arrogancia que otorga la hegemonía ilimitada. Definitivamente, se trata de una restauración autoritaria. El México que viene delante del camino es idéntico al que se ve en el espejo retrovisor. El PRI ha muerto, viva el PRI.
