Una nueva simulación electoral ocurrió en Venezuela. A los venezolanos les causó dolor, por la evaporación de las pocas gotas de libertad que les quedan. Al mundo democrático, indignación, por el obsceno fraude que se repite. Y a los españoles, vergüenza, por el papel, ya vitalicio, de un expresidente de gobierno en la tarea de (intentar) blanquear las infamias de una dictadura criminal.
Hablo de José Luis Rodríguez Zapatero. Fue candidato en 2004, elección que perdería según todas las encuestas pero que en 72 horas se transformó en victoria. El ataque terrorista del 11 de marzo y el pésimo manejo comunicacional del gobierno del PP cambiaron el resultado.
Su presidencia no fue rutilante, más bien lo contrario. Su política económica de altos impuestos y expansión del gasto público generó recesión. El déficit fiscal llegaría al segundo lugar en Europa, 11.4%, y el desempleo al primero, 19.5%. La bonanza precedente había ocurrido en base a las bajas tasas de Frankfurt y la consiguiente expansión del mercado inmobiliario. Su política pro-cíclica sirvió para inflar más la burbuja; o sea, un periodo de expansión económica basado en el sobre-endeudamiento.
Se trata de una prosperidad efímera por definición, “efecto riqueza”, una secuencia cabalmente estilizada por los expertos. La burbuja estalló en 2007, al descender el valor de los activos por debajo de la cartera de deuda, sobrevaluada. Con ello se multiplican las hipotecas impagas, derivando en una crisis del sistema bancario. España tuvo así su “Gran Recesión”, anticipo de la de Estados Unidos de 2008-09, pero además con una recuperación mucho más lenta. Esas fueron “las consecuencias económicas del Sr. Zapatero”.
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Su gobierno coincidió con el súper-ciclo de precios, el boom de las exportaciones latinoamericanas, y con la llegada al poder de figuras asociados al ALBA, Petrocaribe, CELAC, Unasur, es decir, el multilateralismo castro-chavista. Se acercó a ellos, racionalizado en términos de “apoyo a la izquierda”. Hizo visitas recurrentes a Venezuela. Se convirtió en portavoz de Castro ante la Unión Europea. Canceló la venta de equipamiento militar a Colombia y la reemplazó en diciembre de 2005 con us$1,000 millones en barcos y aviones de transporte para Chávez, estos últimos frustrados por la negativa de Estados Unidos a efectuar la transferencia tecnológica necesaria.
Las relaciones entre Zapatero, buena parte de su partido y sus aliados castro-chavistas con negocios ilícitos quedaron grabadas a fuego desde el propio inicio de su gobierno. El episodio de Delcy Rodríguez y sus maletas en Barajas, recibida de madrugada por el ministro de transporte de Pedro Sánchez para sortear las sanciones de la UE, lo ilustra. Todo ello se remonta a aquel gobierno del PSOE de 2004.
Nótense algunas perlas adicionales. El Embajador de Zapatero en Caracas, Raúl Morodo, desvió 38 millones de dólares de PDVSA, lavados por medio de contratos ficticios e ingresados a España con transferencias desde Suiza y Panamá. Esto según un reporte de la Fiscalía Anticorrupción de España, proceso por el cual fue detenido el hijo del exembajador.
La financiación de Podemos, aliado en la coalición de gobierno de hoy, comenzó con el propio Chávez. En 2016 un exministro de Finanzas de Venezuela ya había declarado ante autoridades judiciales españolas el pago de 7 millones de euros a la Fundación CEPS en 2008, institución que dio origen a Podemos. CEPS luego creo CELAG instituto de investigación con sede en Quito, así es la escenografía de rigor. Y así se explica el tránsito de varios pagos por Ecuador y Bolivia.
De ahí probablemente el papel fundamental de Zapatero en el armado del gobierno PSOE-Podemos, ambos viven de platas de origen común. Desde 2012, entonces, una vez fuera del gobierno, el expresidente se ha dedicado a lobista del régimen a tiempo completo. Repetidos viajes, reuniones e interminables rondas de diálogos que siempre dieron tiempo y oxígeno a Maduro, su presencia en Caracas siempre ha sido pronóstico de un par de presos políticos liberados o en sus casas a cambio de varios más ingresados a las cárceles.
En realidad Zapatero se ha convertido en propiedad de la dictadura, viajar a Caracas a apoyar un fraude grotesco es lo esperable de él. Ya lo había anticipado, además, tiempo atrás. De hecho, en junio de 2016 se dirigió a la OEA con una premonición, casi una confesión de parte: “Este será un proceso largo, duro y difícil…en Venezuela ha habido un cambio de régimen, un proyecto político mayoritario que ganó 18 de 20 elecciones”.
La cita sirve para enfatizar que aquellos diálogos no incluían lo más importante: la salida de la dictadura del poder. Es que Zapatero sabe bien que si Venezuela tuviera un régimen parlamentario, el gobierno de Maduro se habría disuelto el 7 de diciembre de 2015 con la elección de la Asamblea Nacional en la cual fue derrotado abrumadoramente.
Tampoco ignora que en democracia toda mayoría es transitoria, y que un presidencialismo sin alternancia—18 de 20 elecciones—inevitablemente deriva en autoritarismo; ese es justamente el “cambio de régimen”. Es decir, si después de todo este tiempo la tan ansiada democratización de Venezuela ocurre incluyendo a Maduro y al chavismo, según se comenta estos días, Zapatero habrá finalmente logrado éxito.
Lo cual supone varios problemas. El primero es que es improbable que ello derive en libertad y democracia plenas. El segundo problema es qué hará la comunidad internacional con los 15 jerarcas del régimen imputados por “narco-terrorismo” por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y qué hará con la cadena de mando denunciada por crímenes de lesa humanidad, 11 funcionarios por su responsabilidad política inmediata y otros 146 por ejecutar órdenes.
Esto lleva a un tercer problema: la hipótesis de una amnistía como instrumento para terminar con un régimen autoritario. Pues ha ocurrido: Chile, Sudáfrica, y la propia España, entre otros. Lo cual supone un cuarto problema: la inexistencia de antecedentes sobre amnistías concedidas para lograr la salida del poder de una organización criminal.
Ocurre que las múltiples soluciones disponibles bajo el amplio marco conceptual de la “Justicia Transicional” fueron concebidas para resolver conflictos políticos, ideológicos y aún identitarios, no para otorgar impunidad a narcotraficantes. Lograr esa impunidad es la misión de Zapatero.
