Según los expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), “limitar el calentamiento global a 1,5 a 2 °C requiere reducir las emisiones entre un cuarto y la mitad en esta década”. Para lograrlo el mundo tiene que invertir al menos 2,4 billones de dólares anuales.
Estas inversiones incluyen cambios en infraestructura de transporte público y generación de energía renovable, el aumento de los estándares de eficiencia energética, la adaptación del diseño y planificación urbana y la gestión de tierras y bosques.
Si bien los costos pueden parecer elevados, es crucial considerarlos en el contexto de los costos aún mayores asociados con no actuar frente al cambio climático. Los daños económicos de eventos climáticos extremos, pérdidas de productividad, problemas de salud pública y otros impactos pueden superar por mucho las inversiones necesarias para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Se evidencia que los gobiernos que firmaron el Acuerdo de Paris no cuentan con los recursos económicos suficientes y en muchos casos no existe la voluntad política para implementar las medidas de mitigación a corto plazo que permitan la estabilización del clima.
Los expertos en cambio climático coinciden en afirmar que sin los mercados de carbono es muy difícil que el mundo logre las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero propuestas en los Acuerdos de Paris.
Este mecanismo convierte el coste medioambiental del carbono en un coste económico directo, incentivando a las empresas a reducir sus emisiones para minimizar gastos.
Desafortunadamente, la variabilidad de los precios del carbono entre diferentes mercados nacionales e internacionales ha llevado a una aplicación desigual y a menudo insuficiente para cumplir las metas de descarbonización.
En este contexto, la implementación de un sistema de fijación del precio mínimo del carbono se presenta como una de las políticas más efectivas para reorientar la inversión hacia fuentes de energía y de producción más sostenibles.
Sin embargo, la adopción de esta medida ha sido reticente en muchos países, principalmente debido al temor de perder competitividad internacional, especialmente en industrias de alto consumo de carbono como la siderúrgica y la química.
Como consecuencia, el precio actual de los créditos de carbono está significativamente por debajo del valor real.
Actualmente, en el mercado voluntario de carbono un crédito se vende en 5 dólares. Este precio subestima los costos ambientales y sociales asociados al cambio climático y desincentiva las inversiones en soluciones a largo plazo en este mercado.
Frente a este panorama, 13 economistas expertos, liderados por el premio Nobel Joseph Stiglitz y Lord Nicholas Stern, fueron convocados en 2017 por el Gobierno de Francia y el Banco Mundial a una Comisión de Alto Nivel sobre Precios del Carbono.
Su recomendación es que el precio justo esté entre los 75 a 100 dólares por tonelada de CO2, dependiendo de las capacidades económicas y la magnitud de emisiones de Co2 de cada país.
Un precio de carbono justo, según los expertos, debe considerar no solo los costos ambientales, sino también las implicaciones sociales y económicas, especialmente para las comunidades más vulnerables.
Según el Fondo Monetario Internacional “al establecer un umbral estándar que todos los países deben cumplir o superar, se garantiza que ningún país se quede atrás en la carrera hacia la desacarbonización. Además, elimina la preocupación de los gobiernos de que las políticas ambiciosas de carbono puedan perjudicar la competitividad de sus industrias a nivel internacional".
Además, dicen los expertos, entre más países adopten un precio mínimo del carbono, “se abre espacio para una mayor cooperación internacional, lo que podría reducir los costos de lograr las NDC -Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional”.
El Grupo del Banco Mundial estima que una cooperación global generalizada en el comercio de carbono podría reducir los costos de los esfuerzos de mitigación climática internacional hasta en un 32% para 2030.
El informe de la Comisión también afirma que el establecimiento de un precio fijo mínimo del carbono bien diseñado puede ser una manera eficiente de generar ingresos. Dichos ingresos pueden ayudar a los gobiernos a fortalecer las redes de seguridad social para comunidades pobres y vulnerables y financiar la infraestructura necesaria para proporcionar acceso a servicios básicos como agua, saneamiento y energía. También pueden apoyar la recalificación de trabajadores e inversiones verdes, o pueden devolverse a los hogares en forma de rebajas o reducciones de impuestos.
La ventana para lograr limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados se está cerrando. Los gobiernos tienen que tomar acciones a corto plazo para cumplir con los NCD a los que se comprometieron y los créditos de carbono son la manera más eficiente para lograr este objetivo. Es necesario actuar ya.
