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Jair Bolsonaro solicita un nuevo juez para el caso que investiga supuesto "golpe” en Brasil

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: EFE
El expresidente brasileño está siendo investigado por planificar un “intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder”.

El equipo que representa legalmente al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro solicitó, por orden de su cliente, que se asigne un nuevo juez al caso denominado “golpe en Brasil”, el cual hace alusión a la acusación que pesa sobre el exjefe de Estado por supuestamente planear una “declaración de estado de emergencia para desestabilizar al país”.

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Mediante una petición presentada ante el Tribunal Supremo, los abogados del exmandatario argumentaron que el juez que llevaba el caso, Alexandre de Moraes, corría el riesgo de estar "parcializado".

“Moraes se describe (en documentos judiciales) como víctima directa de los presuntos delitos investigados, comprometiendo la imparcialidad necesaria para cumplir con sus deberes", escribieron los letrados en la circular presentada.

Para el gobierno de izquierda que preside Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro es responsable, además, de orquestar un plan para socavar la democracia en Brasil.

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Esto, luego de que miles de "bolsonaristas" irrumpieran, el domingo 8 de enero de 2023, en las sedes de varias instituciones de la capital, para luego vandalizar las instalaciones.

La intensa jornada registró enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, y derivó en más de 200 arrestos.

Antes de finalizar el año 2023, Bolsonaro fue sancionado con inhabilitación política hasta 2030 por “haber utilizado la estructura del Estado para denunciar falsamente fraude en el sistema electoral de urnas electrónicas ante 139 embajadores”.

Respecto al caso “golpe”, las autoridades aplicaron 48 medidas cautelares, incluida la prohibición de contacto entre las personas investigadas.

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Entre otras restricciones aparecen la prohibición de salir del país, con orden de entrega de pasaportes en un plazo de 24 horas y la prohibición de ejercer funciones públicas.


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