Ordenan repatriar a Estados Unidos a migrante deportado por error a El Salvador
Una jueza federal estadounidense ordenó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump repatriar a un migrante deportado por error en marzo pasado a una prisión de El Salvador.
Se trata un migrante salvadoreño identificado como Kilmar Armando Ábrego García, quien vivía en Estados Unidos bajo estatus legal protegido hasta que fue trasladado a El Salvador junto con cientos de supuestos pandilleros el pasado 15 de marzo.
En 2019, durante el primer mandato de Trump, se le acusó de ser pandillero, pero no fue condenado por ningún delito y un juez prohibió que fuera deportado porque corre peligro en su país de origen.
La Casa Blanca reconoció esta semana que su expulsión fue un "error administrativo", pero lo acusó de ser miembro de la pandilla MS-13, declarada por Washington organización terrorista global.
Fue detenido "sin base legal" el 12 de marzo y expulsado tres días después sin "justificación legal", afirmó la magistrada Paula Xinis en una cita judicial de emergencia celebrada este viernes.
Como consecuencia ordena a la administración "facilitar y llevar a cabo el retorno" del salvadoreño "a más tardar el lunes 7 de abril" antes de la medianoche porque tiene derecho a un "debido proceso de conformidad con la Constitución y los estatutos de inmigración que rigen" en Estados Unidos.
En opinión de la jueza "su permanencia en El Salvador, por razones obvias, constituye un daño irreparable".
El migrante está recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, convertido en un gran aliado de Trump.
Ábrego García está casado con la estadounidense Jennifer Vasquez Sura, que según la prensa identificó a su marido por una foto entre los detenidos trasladados al Cecot. Según documentos judiciales tienen un hijo con "discapacidad".
Antes del auto judicial del viernes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el salvadoreño "no regresará" a Estados Unidos.
El caso levantó ampollas entre los grupos de defensa de los derechos humanos.
Las oenegés y la oposición demócrata critican duramente al gobierno por haber enviado a migrantes en situación irregular a El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798 o basándose en elementos triviales como los tatuajes.
Los abogados de varios de los más de 200 migrantes deportados a El Salvador el 15 de marzo aseguran que sus clientes no son miembros de pandillas ni han cometido delitos.
El caso del salvadoreño abre un nuevo frente en la pugna entre los jueces y Trump, quien acusa al poder judicial de obstaculizar su política migratoria.
El 15 de marzo el juez de distrito James Boasberg ordenó parar los vuelos de deportación en virtud de la ley de 1798 y pidió que dos aviones que se dirigían a El Salvador regresaran, aunque no lo hicieron.
Por eso ve indicios de que la administración pudo haber actuado de "mala fe" quebrantado una orden judicial y puede ser culpable de desacato.
