Fiscalía boliviana pide condena de 30 años de prisión para la expresidenta Jeanine Áñez por "genocidio"
La Fiscalía de Bolivia pidió una condena de 30 años de prisión para la expresidenta Jeanine Áñez, acusada por la mencionada institución de cometer "genocidio" en la matanza de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, hecho en el que perdieron la vida 20 personas y otras 200 resultaron heridas.
Asimismo, el Ministerio Público extendió su petición de cárcel a otras 17 personas, entre las que se incluyen varios de los colaboradores de confianza de la exmandataria.
A propósito, el fiscal general, Juan Lanchipa, mencionó en rueda de prensa: “se ha formulado acusación fiscal en contra de 18 personas, entre ellas Jeanine Áñez Chávez, quien al momento del hecho ejercía las funciones de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Recordemos que para el gobierno de turno de Bolivia que preside Luis Arce, Áñez efectuó un “golpe de Estado”, luego de proclamarse presidenta de la nación, poco después de la renuncia forzada de Evo Morales.
Entre los señalados por "delito de genocidio y grave afectación al bien jurídico", se encuentran los otroras ministros: Arturo Carlos Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; y el de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora.
La noticia cambia por completo el panorama de Áñez, quien el pasado domingo 16 de julio habría sido condenada a 10 años de cárcel por "la forma en la que accedió a la Presidencia" del país sudamericano,
En aquel momento, dicho informe desarrollado por la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Procuraduría General del Estado, destacó que "Áñez asumió de manera indebida la Presidencia después de la crisis política que tuvo lugar en el país luego de la dimisión de Evo Morales".
Hasta el momento, los miembros del equipo defensor de Áñez, sostienen que el caso se debe "revisar a fondo la conclusión legal", pues a su criterio, "existen ciertas contradicciones".
Alaín de Canedo, abogado de la exjefa de Estado interina de Bolivia, habló con el programa La Mañana de NTN24.
“En nuestra constitución existe el juicio de responsabilidades, por lo cual debería ser procesada por el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora ha sido procesada por la vía ordinaria, es improcedente. Por ello, es que hablamos de que se está haciendo juicio político. Porque ella está sometida a fiscales y jueces comunes, por ende llegamos a la conclusión de que hay injerencia del gobierno. A ella le compete un juicio de responsabilidades”, explicó el especialista en derecho penal.
“Ella no se someterá ante la justicia ordinaria. Existe una falta de independencia del Poder Judicial. Esto demuestra que los procedimientos en mi país no se cumplen. El artículo 184 de la constitución de mi país habla de que todos los exmandatarios deben pasar por un juicio de responsabilidades, por cualquier hecho que haya podido cometer en ejercicio de su competencia. Ella (Áñez) está sometida a un proceso que no le corresponde”, finalizó.
