Administración de Donald Trump pide a la Corte Suprema que levante prohibición impuesta por un juez federal de deportar inmigrantes bajo la ley de “enemigos extranjeros”
El Gobierno de Estados Unidos, bajo el liderato del republicano Donald Trump, pidió a la Corte Suprema que levante la prohibición impuesta por un juez federal de deportar inmigrantes bajo la ley de “enemigos extranjeros” a cárceles de máxima seguridad en El Salvador.
La ley, que anteriormente era invocada en tiempos de guerra, fue implementada por el Gobierno Trump para expulsar a casi 300 venezolanos, supuestamente miembros de la banda Tren de Aragua, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en el país centroamericano.
Pero el juez federal James Boasberg, adscrito a una corte de distrito de Washington, dictó una orden que prohíbe nuevos vuelos de expulsados en virtud de la “Ley de Enemigos Extranjeros”, después de que el pasado 15 de marzo se enviaran dos aviones con migrantes venezolanos a dicho país.
El magistrado argumenta que los migrantes sujetos a una potencial deportación deberían tener "derecho a audiencias individualizadas para determinar si la ley se aplica a ellos".
Actualmente, la justicia de Estados Unidos mantiene el bloqueo temporal que expira el sábado. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha pedido que prolongue la validez de la orden.
La medida ha generado todo tipo de reacciones, ya que los defensores de los derechos humanos afirman que algunos de los deportados no tenían nada que ver con la banda y que incluso los posibles criminales tienen derecho constitucional a audiencias judiciales antes de ser expulsados.
Una primera apelación de Trump sobre la orden judicial fue rechazada el miércoles.
"Este caso plantea cuestiones fundamentales sobre quién decide cómo se llevan a cabo operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional", si el Poder Ejecutivo o el Judicial, dijo la administración republicana.
