Piden ante la Corte Suprema de El Salvador que se declare inconstitucional el encarcelamiento de migrantes venezolanos deportados por EE. UU.
Este viernes, un grupo de ONGs de El Salvador pidió ante la Corte Suprema que declare inconstitucional el encarcelamiento de más de 200 migrantes venezolanos tras ser deportados desde Estados Unidos señalados como presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua.
La activista de derechos humanos Marisela Ramírez acusó al gobierno de Bukele de "violar flagrantemente los derechos fundamentales" de los venezolanos, señalando que no han sido juzgados ni condenados por ningún delito en El Salvador.
En declaraciones a los periodistas, también argumentó que el encarcelamiento de inmigrantes deportados de Estados Unidos no tenía base legal, ya que el gobierno no había buscado la aprobación del Parlamento.
Cabe recordar que el pasado 15 de marzo, la administración del presidente Donald Trump trasladó a 238 venezolanos indocumentados desde Estados Unidos a El Salvador, desde donde el presidente Nayib Bukele hizo alarde de haberlos arrojado a una prisión para pandilleros conocida como la cárcel de CECOT.
La administración Trump afirmó que la mayoría de los deportados eran miembros de la temida pandilla venezolana Tren de Aragua, que tiene presencia en Estados Unidos.
Los abogados y familiares de varios de los deportados han negado rotundamente la afirmación, diciendo que no habían cometido ningún delito y que fueron designados como miembros de pandillas simplemente por sus tatuajes.
Un bufete de abogados contratado por Venezuela también ha iniciado acciones legales en El Salvador para intentar conseguir la liberación de los presos.
La administración Trump causó furor al invocar una ley de guerra poco conocida de 1798 para justificar las deportaciones sumarias de venezolanos como parte de un programa de deportaciones masivas.
En medio de la presentación de dicho recurso judicial, este viernes, una juez federal estadounidense ordenó el regreso a Estados Unidos de un migrante salvadoreño que fue deportado por error con el grupo.
Los abogados del Departamento de Justicia admitieron en documentos judiciales que Kilmar Abrego García, de 29 años, quien está casada con una ciudadana estadounidense, había sido deportada debido a un "error administrativo".
La Casa Blanca argumenta, sin embargo, que Estados Unidos no tiene autoridad para obligar a El Salvador a devolverlo.
