HRW: Al menos 18.000 personas han sido asesinadas por la FAES en Venezuela
Desde al año 2016 las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) han cometido al menos 18.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, según un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRM.
Vivanco resaltó que las víctimas de los agentes por lo general son de comunidades vulnerables que han dejado de apoyar las políticas del régimen de Maduro.
El informe detalla que las FAES, al servicio de Maduro, comete los graves abusos amparado bajo la respuesta de “resistencia a la autoridad”, y que en el año 2017 el ministro de Interior, Néstor Reverol informó que hubo 4.998 casos frente a los 5.995 de 2016. En 2018 la cifra ascendió a 7.000, y en los primeros cinco meses de 2019 se han registrado 1.560.
“La Oficina del ACNUDH realizó una investigación exhaustiva de 20 casos de personas asesinadas entre junio de 2018 y abril de 2019 y recibieron descripciones prácticamente idénticas de que agentes de las FAES dispararon y mataron a hombres jóvenes al intentar aprehenderlos en circunstancias en las que el uso de la fuerza letal no era necesario para preservar vidas”, reza parte del informe.
En todos los casos investigados por HRW, hay similitudes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, quien, en su informe sobre Venezuela, desnudó los graves crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista en contra de sus detractores.
“Agentes armados de las FAES vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria”.
Entretanto, resaltan las denuncias de los familiares de las víctimas, quienes alegaron que después de las ejecuciones, tuvieron dificultades para acceder a los certificados de defunción, informes de autopsia, o incluso la entrega del cuerpo. Asimismo, señalaron que los funcionarios en muchos casos alteran el lugar de los hechos, sembrando drogas o armas para incriminar a las personas.
Redacción NTN24 Venezuela
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