Estos son los castigos contra los inmigrantes indocumentados que contiene la nueva ley implementada en Florida
A partir de este sábado 1 de julio entró en vigor la polémica ley SB 17118, la cual fue promovida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, precandidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 y uno de los principales críticos de las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Esta ley, considerada una de las más duras contra los migrantes, tiene una serie de castigos para aquellos estadounidenses que ayuden a los indocumentados que ingresan al estado, así como también para los migrantes que estén de manera irregular en la unión americana.
Por medio de un comunicado, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) aseguró que la ley SB 1718 “hace la vida más difícil para los aproximadamente 775.000 inmigrantes indocumentados de Florida, a sus empleadores y familias”.
¿Cuáles son los castigos contra los inmigrantes indocumentados que lleguen al estado de Florida?
Ante la nueva ley, se considerará como delito grave cruzar la frontera estatal del estado de Florida transportando personas indocumentadas y quien realice esta acción estaría cometiendo un delito de tercer grado, según lo estipulado en la sección 10 de la norma.
“Cualquier persona que consciente y deliberadamente transporte dentro de este estado a un individuo que esa persona sepa, o que razonablemente debería saber, que entró a los Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionado por el gobierno Federal desde su entrada ilegal desde otro país, comete un delito grave de tercer grado”, señala la ley.
De hecho, si una persona es descubierta trasportando a más de 5 migrantes indocumentados, el delito aumentará a segundo grado.
Algunos medios han señalado que en la lista de delitos estarían tráfico o contrabando de personas, lo que puede ser considerado como una “actividad de extorsión”, lo que en Florida sería un delito de primer grado punible con hasta 30 años de cárcel.
La ley SB 1718 también prohibe que algún ciudadano contrate, emplee o reclute a un migrante cuyo estatus sea irregular, además, hace que las empresas que tengan más de 25 empleados usen el programa E-Verify, el cual se encarga de verificar el estado migratorio de cada uno de los trabajadores.
Todo esto bajo una serie de multas y de retirada de los permisos para operar en Florida. Dicho sistema actualmente ya es obligatorio para todos los empleadores públicos.
Otro castigo que estipula la ley SB 1718 es que los indocumentados tendrán dificultades para poder acceder a la atención médica dentro del estado.
La ley especifica que es obligatorio el registro del estatus migratorio de todos los pacientes que en los hospitales reciben Medicaid, un seguro de salud público. De hecho, la sección 5 de la ley señala que cada hospital debe incluir un formulario de admisión o registro.
“Cada hospital que acepta Medicaid debe incluir una disposición en sus formularios de admisión o registro de pacientes para que el paciente o el representante del paciente declare o indique si el paciente es ciudadano de los Estados Unidos o está legalmente presente en los Estados Unidos o no está legalmente presente en los Estados Unidos”.
Además, los hospitales de Florida deben remitir a la Agencia para Administración del Cuidado de la Salud del estado un informe trimestral en el cual detalle la cantidad de pacientes que fueron atendidos en cada categoría ya sea en urgencias o que fueron ingresados en un periodo correspondiente.
Por otra parte, la ley de conducir también entra entre los castigos que tiene esta ley y que señala que no están permitidos los permisos y licencias de conducir que hayan sido expedidos por otros estados a los inmigrantes irregulares.
Las autoridades que detengan a una persona con una licencia inválida podrán multar al migrante, además de que en Florida el castigo por manejar con una licencia inválida es de 60 días de prisión y al menos 500 dólares de multa.
La ley SB 1718 también especifica que cuenta con un presupuesto de cerca de 12 millones de dólares para sacar adelante el programa de transporte de “extranjeros no autorizados” que ha promovido DeSantis desde hace varios meses.
