Francia presenta proyecto de ley llamado "ayuda a morir" para los enfermos terminales
El gobierno francés presentó este miércoles su plan de "ayuda a morir", una promesa electoral del presidente Emmanuel Macron que permitirá la muerte asistida bajo estrictas condiciones.
"No es ni un nuevo derecho ni una libertad", sino "una respuesta ética a la necesidad de acompañar a los enfermos", aseguró la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin.
Ante el riesgo de reavivar fuertes divisiones éticas y religiosas, el gobierno evita hablar de eutanasia o suicidio asistido y prefiere evocar un "modelo francés" de "ayuda a morir".
Sin embargo, el objetivo es ofrecer la posibilidad a determinados pacientes de suicidarse y, cuando son incapaces de llevar a cabo el acto fatal, ayudarlos a hacerlo.
El proyecto contempla la posibilidad de administrar una sustancia letal a los adultos que lo soliciten, si corren el riesgo de morir a corto o medio plazo por una enfermedad "incurable" y que provoca dolores que no se pueden tratar.
La medida, avanzada por Macron en marzo, excluye a los menores de edad y a los pacientes que padecen enfermedades psiquiátricas o neurodegenerativas que afecten al discernimiento, como el alzhéimer.
Cuando un paciente solicite esta medida, un médico deberá pronunciarse en un plazo de 15 días, tras consultar con otro doctor y un enfermero, precisó Vautrin.
Líderes religiosos, especialmente católicos y musulmanes, y asociaciones de trabajadores sanitarios, en particular de cuidados paliativos, ya expresaron su rechazo a este proyecto de ley.
Según un estudio de la Sociedad Francesa de Acompañamiento y Cuidados Paliativos publicado por el diario católico La Croix, un 80% de sus miembros rechazaría "prescribir, suministrar, preparar y/o administrar un producto letal".
El gobierno también prevé reforzar el sistema de cuidados paliativos con más fondos y una "estrategia decenal".
Los partidarios de la eutanasia y el suicidio asistido celebraron la presentación finalmente de la ley, aunque criticaron unas condiciones de acceso muy estrictas.
Sin embargo, su aplicación no será rápida. Aunque el Parlamento bicameral francés empezará su examen en mayo, el trámite para su adopción podría tomar hasta dos años.
