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María Corina Machado

Estos son los gobiernos latinoamericanos que no se han pronunciado sobre la ratificación de la inhabilitación política a María Corina Machado

La maniobra de la dictadura venezolana sobre la líder de oposición supone un fuerte golpe a la democracia en el país caribeño.

En horas de la tarde del pasado viernes 26 de enero el Tribunal Supremo de Justicia del régimen venezolano ratificó la prohibición a la dirigente opositora María Corina Machado de postularse a cargos de elección popular.

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“Se ratifica la constitucionalidad del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y en consecuencia el Contralor General de la República está facultado para establecer sanciones de inhabilitación", reza el documento difundido por el TSJ.

"En ese sentido la ciudadana María Corina Machado Parisca, de conformidad con la Resolución N° 01-00-0000285 de fecha 16 de septiembre de 2021 está inhabilitada por quince (15) años por estar incurso en los hechos”, resalta la circular.

“Ha sido partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan G. Antonio Guaidó m., que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos”, añade.

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Sobre la inhabilitación política a María Corina Machado varios gobiernos latinoamericanos no se han pronunciado.

Administraciones como la de Gustavo Petro (Colombia), Gabriel Boric (Chile), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Arce (Bolivia), Xiomara Castro (Honduras), Andrés Manuel López Obrador (México), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) se han mantenido en silencio respecto a la medida adoptada por el régimen madurista.

El impedimento del TSJ sobre Machado se da un día después de que Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del régimen para el diálogo, asegurara que “de ninguna manera” la coordinadora del partido Vente Venezuela sería candidata a las presidenciales.

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El caso de Machado y el de otros políticos debía ser revisado por la Sala Electoral, como parte de los acuerdos de Barbados.

La maniobra de la dictadura venezolana sobre Machado supone un fuerte golpe a la democracia en el país caribeño.


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