La prensa internacional cubrió en detalle la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Cuba, a quienes también se les permite adoptar a partir del nuevo “Código de las Familias”.
Dicho código surgió de un debate de julio pasado en la Asamblea Nacional y fue ratificado en un plebiscito posterior en septiembre. La representatividad y transparencia del proceso, como siempre, son opacas en Cuba: los 605 diputados que aprobaron el proyecto por unanimidad son del mismo partido, el Partido Comunista, y las cifras oficiales dicen que fue plebiscitado por 4 millones y rechazado por 2 millones de cubanos. O sea, el doble.
Una ley disonante con un sistema político históricamente represivo de las libertades individuales, incluyendo por supuesto la libertad de elegir a quién amar. Durante décadas, las personas LGBTQ de Cuba se enfrentaron a la discriminación oficial en la Isla. En los años tempranos del régimen, los homosexuales solían ser enviados a campos de trabajo junto con los disidentes políticos.
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De hecho, sobran testimonios de los jerarcas del partido justificándose con referencias al daño causado por los homosexuales a la cohesión social y la moral revolucionaria, siendo considerados por ende “contrarrevolucionarios”, el crimen más grave.
De ahí que la medida constituya una acción progresista en el cabal sentido del término; es decir, la libertad individual como condición necesaria para el progresismo. Por ello fue elogiada calurosamente por ONGs internacionales representativas de los derechos del colectivo LGBTQ y recibió detallada cobertura en buena parte de la prensa internacional.
Menos atención recibieron, sin embargo, otros componentes del nuevo código, los cuales desafortunadamente van en dirección contraria a la libertad y el progresismo. En otros artículos, la ley sustituye el principio de “patria potestad” por la más difusa noción de “responsabilidad parental”.
La tutela, custodia—es decir, el ejercicio de la patria potestad—del padre y de la madre se relativiza en la nueva ley. La misma describe escenarios en los cuales la tenencia de los padres se relaja, al punto de ser susceptible de desaparecer.
El artículo138, por ejemplo, indica que los progenitores deben “convivir, siempre que sea posible, y mantener una comunicación familiar permanente y significativa en sus vidas”, y también señala la obligación de dirigir la formación de los menores “para la vida social; inculcarles el amor a la familia, a la patria, el respeto a sus símbolos y el respeto a las autoridades”.
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Ello abre un espacio de ambigüedad sobre la noción “siempre que sea posible”; por ejemplo, en relación a padres en el exilio, y sobre la pena por no respetar a las autoridades. De hecho, 127 manifestantes del 11J recibieron sentencias de hasta 30 años por no respetar los símbolos de la patria y las autoridades, entre otros delitos.
Con lo cual el artículo 138 debe ser visto en combinación con el artículo 191, en el cual se especifican varias razones que ameritarían la pérdida de la “responsabilidad parental”. Precisamente, ante el incumplimiento de las obligaciones detalladas en los artículos 136-146 sobre la responsabilidad parental, el artículo 191 dispone la posibilidad de “privar a uno o ambos titulares de la responsabilidad parental”; o sea, de la patria potestad.
Los niños se convierten ahora en rehenes. Según el aparato judicial del régimen de partido único, la protesta social es una falta de respeto a los símbolos de la patria y las autoridades, y por ello, constituye un incumplimiento de las responsabilidades parentales. En base al nuevo código de familia, el Estado está ahora habilitado legalmente a convertirse en el titular de la patria potestad. Puede expropiar un bien, los hijos de los disidentes.
La legalización del matrimonio igualitario es una cortina de humo que el progresismo global ha celebrado, pero olvidan que los matrimonios del mismo sexo, ahora autorizados a adoptar, serán los más vulnerables ante la nueva ley. Pues la verdadera historia de la revolución cubana es una historia de racismo, machismo y homofobia.
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Todo totalitarismo es destructor de familias. Los nazis separaban a los niños de sus padres antes de subir a los trenes “por la pureza de la raza”. La junta militar argentina les quitaba los recién nacidos a las mujeres en cautiverio “para salvarlos del comunismo”. El régimen cubano, que fusilaba y encarcelaba menores, ahora también los roba “para preservar el comunismo”, un orden fenecido y putrefacto.
