Poder Judicial de Perú ordenó el inicio del juicio contra el expresidente Pedro Castillo y sus exministros de gobierno por fallido golpe de Estado
Este miércoles se conoció que el Poder Judicial de Perú ordenó el inicio de un juicio contra el expresidente de la nación, Pedro Castillo, y sus exministros de gobierno por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.
Según informó el medio La República, el juez Juan Carlos Checkley Soria fue quien pidió que el exmandatario del país vaya a un juicio en el que se buscará evaluar que le den 34 años de prisión que solicitó la Fiscalía por el intento fallido de golpe de Estado.
De acuerdo al medio citado, aparte de Castillo, sus exministros de gobierno: Betssy Chavez, Willy Arturo Huerta, Robert Sánchez Palomino, Anibal Torres, Manuel Elias Lozada, Justo Jesus Venero y Eder Antonio Infazón, también enfrentarían un juicio.
A principios de este año, la Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra privado de la libertad luego de “perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022”.
Según el Ministerio Público, la sentencia de 34 años contra Castillo Terrones es exigida por “los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública” luego de su fallido intento de disolver el Congreso y gobernar bajo decreto.
Por otra parte, la Fiscalía pide 25 años de prisión por “el delito de rebelión” contra la expremier Betssy Chávez Chino, los exministros Roberto Sánchez Palomino, Willy Huerta Olivas, los oficiales PNP Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez.
Asimismo, el ente acusador solicita 15 años de pena privativa de la libertad por el mismo delito contra Aníbal Torres Vásquez, expresidente del Consejo de Ministros del Perú.
Es de mencionar que el 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo era el jefe de Estado de Perú, leyó un mensaje al país anunciando la disolución del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado al penal Barbadillo, una pequeña cárcel para presidentes dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en donde cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025.
