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Asesinato

Mayo: Dolor en Uvalde, Texas, por masacre en la primaria Robb

Diecinueve niños y dos maestras murieron en uno de los peores tiroteos en escuelas que ha vivido Estados Unidos.

Un nuevo y doloroso tiroteo escolar sacudió a Estados Unidos el pasado mes de mayo. Diecinueve niños y dos maestras murieron en una escuela primaria de Uvalde, Texas, a manos de un retraído exalumno de 18 años que, según reportes, había sufrido bullying.

El agresor, abatido por la Policía, compró legalmente dos rifles de asalto, que presumió en redes sociales antes del ataque.

La Policía de Uvalde fue blanco de duras críticas por su tardía respuesta, ya que durante los 77 minutos que duró el tiroteo se realizaron unas 20 llamadas al número de emergencia pidiendo ayuda.

Ramos abrió fuego contra la escuela desde el estacionamiento y fue visto entrando luego al edificio sin oposición alguna. Un minuto después, entraron los primeros policías, que le siguieron los pasos pero terminaron retrocediendo al pasillo para cubrirse de los tiros.

Cuando ramos llevaba casi 20 minutos en la escuela, llegaron los refuerzos, agentes fuertemente armados con escudos. Mientras cometía la masacre, atrincherado en un salón de clases, los agentes fueron captados por el video de vigilancia sanitizando sus manos y hasta revisando el celular.

Desde que el asesino entró, pasaron 77 minutos hasta que finalmente irrumpieron en el aula, en la que se encerró, para darle de baja. En ese tiempo ramos había disparado más de 100 balas.

La masacre en la Escuela Primaria Robb terminó impulsando una ley bipartidista de control de armas, la más importante en Estados Unidos en 30 años, si bien el Gobierno la consideró "insuficiente".

Asesinato del fiscal Peccci

Siete meses han pasado desde el asesinato del fiscal antidrogas de Paraguay, Marcelo Pecci, en una playa de Barú, Colombia. A pesar de las decenas de detenidos que han dejado los operativos entre las autoridades de ambas naciones, no hay claridad sobre quién dio la orden de acabar con su vida.

Pecci se encontraba de vacaciones por su luna de miel en el Caribe colombiano, hasta donde los siguieron los sicarios que finalmente lo asesinaron, el 10 de mayo, frente a la mirada de su esposa embarazada.

Su hijo, Marcelo Daniel Pecci Aguilera, nació el primero de octubre y su padre nunca lo podrá sostener en sus brazos. Precisamente, el día que supo que venía en camino, el fiscal antimafia fue brutalmente asesinado.

“De mi estadía en el hotel (...) me causó curiosidad que había unos sujetos arreglando el cielorraso, ellos estaban allí todo el día y veían a qué hora salíamos. Uno de aproximadamente 45 y 55 años de edad, de contextura gruesa, de estatura baja. El otro era más joven, de contextura atlética, de aproximadamente 1,80 de estatura, y tenía una especie de rastas cortas en el cabello”, contó tras el crimen la esposa de Pecci.

El funcionario judicial de 45 años recibió tres impactos de bala: uno impactó en su espalda y los otros dos en su rostro

Las autoridades colombianas revelaron que los responsables del crimen les habían hecho seguimiento durante los seis días de su estadía en Cartagena y Barú, puesto que aparecían en varias fotos publicadas por la pareja en sus redes sociales.

Al menos 17 personas presuntamente relacionadas con el crimen fueron detenidas un par de días después del asesinato. Dos meses después, fueron arrestadas otras cinco personas: el presunto autor material y otros involucrados.

Además, el pasado 21 de diciembre fue detenido en Venezuela Gabriel Carlos Salinas Mendoza, quien es señalado de conducir la moto acuática que transportó al homicida a una de las playas privadas en la isla de Barú donde el fiscal fue asesinado.

Hasta ahora, sólo cuatro de los detenidos, que confesaron haber sido los autores materiales, han sido condenados a 23 años y seis meses de prisión cada uno. Sin embargo, aún estaría prófugo el autor intelectual del crimen.

Recientemente, para agilizar las pericias y encontrar a los autores intelectuales, el Gobierno de los Estados Unidos ofreció una recompensa de “hasta 5 millones de dólares” por información que conduzca a la detención o condena de quienes conspiraron para el asesinato.


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