¿Qué sigue para el presidente Petro tras la ponencia de apertura de investigación y formulación de cargos ante el CNE?
Recientemente se conoció que dos magistrados del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) radicaron una ponencia de apertura de investigación y formulación de cargos en contra del presidente Gustavo Petro Urrego y Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y gerente de campaña de Petro en 2022.
La ponencia, presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, se dio por “la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales de primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico”.
Además, la decisión afecta a otras personas y partidos políticos vinculados a la campaña presidencial de Petro Urrego, entre ellos: los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, el movimiento político Colombia Humana y el partido político Unión Patriótica.
El abogado Hollman Ibáñez Parra, experto en derecho electoral, analizó la situación en el programa La Mañana de NTN24 e indicó que se trata del comienzo de un proceso que fue propuesto ante la Sala Plena del CNE.
“Los magistrados Benjamín Ortiz y Hernán Prada le han propuesto a la Sala Plena del CNE que se formule pliego de cargos a la campaña del presidente Petro y a quienes tuvieron a su cargo todo el tema contable y financiero por presuntamente haber violado los topes. El Consejo Electoral tiene a partir de ayer (8 de mayo) quince días para que este proyecto sea discutido y se determine si se formula pliego de cargos. Si se formulan, lo que seguiría es un proceso administrativo sancionatorio”, señaló.
En cuanto a las posibles sanciones, el abogado señaló que a cada uno de los implicados se le impondría una multa de alrededor de 17 millones de pesos que tendrían que pagar al Consejo Nacional Electoral.
Finalmente, Ibáñez Parra señaló que el procedimiento acarrearía varias fases, tanto en el CNE, como en la justicia penal y en el Congreso.
“Una fase es en el Consejo Nacional Electoral, que es de tipo administrativo sancionatorio, otra en la justicia penal, para que la Fiscalía General de la Nación investigue a los no aforados, y otra para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara haga lo propio con el presidente”, mencionó.
