¿Qué impacto tiene en el Gobierno de Dina Boluarte su comparecencia ante la Fiscalía de Perú?
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció ante la Fiscalía de la Nación para declarar sobre las muertes ocurridas durante las protestas posteriores a la destitución del expresidente Pedro Castillo, y que pedían su renuncia y el cierre del Congreso.
En dichas manifestaciones, que se extendieron por más de dos meses, fallecieron al menos 77 personas, 43 de ellas durante enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad.
La investigación preliminar que lleva a cabo la Fiscalía incluye señalamientos contra Boluarte por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Medios locales reportaron que, durante la audiencia, la mandataria guardó silencio ante las preguntas de la Procuraduría y de los abogados de los familiares de las víctimas.
En caso de una acusación contra Boluarte, la presidenta no podría ser sometida a juicio hasta que termine su mandato en 2026, según estipula la Constitución de ese país.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como organizaciones como Human Rights Watch (HRW), denunciaron excesos policiales y masacres de manifestantes durante esas protestas y pidieron investigar y sancionar a los responsables.
Entretanto, la organización Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la impunidad de las que califica graves violaciones, y sus responsables han instado a la Fiscalía a llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales.
Para José Incio, doctor en Ciencia Política y académico en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el silencio de la mandataria durante la audiencia no le beneficia a su Gobierno.
“Es un Gobierno que tiene muy poca aprobación (...) entonces, no querer responder a los abogados, sobre todo a los de las familias, no le ayudan precisamente a calmar el malestar social”, afirmó.
