Régimen de Maduro expulsa de Venezuela a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
El régimen de Venezuela, en cabeza de Nicolás Maduro, ordenó suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.
La determinación fue anunciada por el canciller Yván Gil, quien indicó que en los próximos 30 días revisarán los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina.
Así las cosas, el personal deberá abandonar el país en un plazo de 72 horas, "hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas".
Por otro lado, el canciller venezolano agregó que la determinación fue tomada debido al "impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país".
"La Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", aseveró.
Gil argumentó a través de un comunicado que la Oficina del Alto Comisionado "no solo vulnera la Carta de la Organización de las Naciones Unidas" sino que "incumple flagrantemente las obligaciones contenidas en la Carta de Entendimiento suscrita con Venezuela y en la Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU" donde, según afirmó, el Alto Comisionado tiene el deber de "respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados".
Es de mencionar que la medida del régimen se produce dos días después de que la agencia de las Naciones Unidas expresara su "profunda preocupación" por la detención de la destacada activista de derechos humanos Rocío San Miguel y pidiera su "liberación inmediata".
