Dos versiones en el caso Albán muestran la irresponsabilidad del Estado en los asuntos públicos
El abogado y especialista en criminalística, Zair Mundaray, rechazó las dos versiones presentadas en horas de la tarde por el fiscal constituyente y el Ministerio de Relaciones Interiores, indicando que esta acción es una muestra de la irresponsabilidad con la que se llevan los asuntos públicos en el país.
Mundaray destacó que “quien usurpa las funciones del fiscal, creo que no ha leído la ley Orgánica del Ministerio Público, ni siquiera el Código Orgánico Procesal Penal, frente a un hecho punible solo una vez concluída la investigación, es que el fiscal emite su opinión en un acto conclusivo. Eso implica que todo lo que diga de forma anterior a la investigación, comporta un adelanto de opinión, lo cual lo descalifica de forma posterior, los adelanto de opinión hacen que pierdas la competencia subjetiva para conocer del asunto”.
Sobre las declaraciones del Ministerio del Interior, Néstor Reverol, el abogado precisó que “él es un funcionario político, él puede decir lo que sea, porque finalmente es el Ministerio Público el que tiene la última palabra en esta investigación. Es una soberana irresponsabilidad y además demuestra un desconocimiento supino de lo que es el Derecho penal, que emitan una opinión a priori”.
A su juicio “en este caso se ha producido lo que se denomina en Derecho Penal una muerte sospechosa, en la muerte sospechosa está la persona que ha perdido la vida y no se sabe si es suicidio, homicidio o es accidental, eso es lo que se llama la determinación de la etiología de la muerte”.
Indicó que para determinar esta etiología de la muerte se necesita desarrollar una investigación que debe ser compleja y profunda, que requiere la incorporación de criminalistas, psiquiatras forenses, incluso “en estos casos hacíamos lo que se denomina autopsia psiquiátrica, la autopsia psiquiátrica es la determinación del estado psíquico del sujeto previo a la detención para ver si era proclive a tomar una determinación suicida”, puntualizó.
Acotó que deben realizarse estudios planimétricos y sobre el cuerpo del concejal para determinar si fue un suicidio, homicidio o si fue accidental.
A juicio de Mundaray, lo que se sabe con certeza sobre el caso es que el concejal Albán, “estaba ilegalmente detenida porque al momento de su detención no pesaba una orden judicial, ni está en flagrante delito, que son las dos únicas formas que el 44 de la constitución indica que una persona puede ser detenida”.
Calificó la detención de Albán como una desaparición forzada, otra irregularidad en el caso es que no fue conducido al Tribunal en el lapso establecido por la constitución. “La Constitución no ha sido derogada y es clara cuando declara que en 48 horas una persona debe ser conducido ante su juez natural y esta persona ya habían pasado largamente las 48 horas y no había sido conducido ante el Tribunal”.
Mundaray destacó que “la policía política, no es una policía de investigación criminal, quien usurpa las funciones del fiscal, que además no conoce esta materia y ha generado un desorden en el sistema jurídico penal del país, ha colocado al Sebin como un órgano de investigación, no es un órgano de investigación. El Sebin es un órgano de inteligencia y la inteligencia no es investigación criminal”.
El especialista en criminalística dejó claro que la inteligencia no puede ser llevado ante los órganos jurídicos y precisó que en el proceso contra el concejal Albán, “hay una serie de irregularidades y uno no puede ser tan irresponsable, como quienes detentan el poder en Venezuela, como para decir a priori, lo asesinaron, pero hay que hacer una investigación profunda en este caso”.
Redacción NTN24 Venezuela
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