¿Qué esperar de la sentencia a Trump en caso de pagos para ocultar información la cual está prevista para el 10 de enero?
Un juez de Nueva York confirmó la condena penal de Donald Trump en el caso de sobornos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y fijó la sentencia para el 10 de enero; 10 días antes de su investidura.
Al respecto, los periodistas Silvina Sterin Pensel y Ronen Suarc, analizaron el tema en el programa Club de Prensa Nueva York de NTN24.
“Es una condena estrictamente simbólica”, mencionó Sterin Pensel.
A su turno, Suarc expresó: “Es valiente lo que hizo Merchan (juez del caso) pero avanzó por política”.
Es de recordar que el magistrado Juan Merchan dijo que no se inclina por imponer una pena de cárcel contra el magnate, que volverá a la Casa Blanca el 20 de enero como el 47 presidente de Estados Unidos.
El portavoz de Trump calificó la decisión de "violación de inmunidad presidencial".
"La orden de hoy del profundamente conflictivo juez interino (Juan) Merchan en la caza de brujas del fiscal de distrito de Manhattan es una violación directa del fallo de inmunidad de la Corte Suprema y otra jurisprudencia", afirmó el portavoz Steven Cheung, días antes de que Trump jure el cargo el 20 de enero.
Trump fue condenado en Nueva York en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a la exestrella porno Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016 y así evitar que revelara un supuesto encuentro sexual entre ambos en 2006.
Los abogados de Trump habían intentado que se desestimara el caso bajo varios argumentos, entre ellos una histórica sentencia de la Corte Suprema del año pasado según la cual los expresidentes estadounidenses gozan de una amplia inmunidad judicial por actos oficiales realizados durante su mandato.
Merchan rechazó ese argumento, pero señaló que Trump gozará de inmunidad judicial una vez que jure como presidente.
Trump también se enfrentó a dos casos federales presentados por el fiscal especial Jack Smith, pero ambos fueron retirados en virtud de una antigua política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
