"Desde que el régimen firmó los acuerdos en Barbados, no ha hecho sino abusar": expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU
El ministro de Relaciones Exteriores y Canciller del régimen venezolano, Yván Gil, anunció el pasado jueves el cese de las operaciones en Venezuela de la oficina técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, así como la expulsión de sus oficiales, a quienes se les dio 72 horas para abandonar el país.
Esta situación ha provocado diversas reacciones en el sector civil del país, ya que la decisión podría contribuir al cierre del espacio cívico y tener un impacto significativo en los compromisos oficiales de cooperación relacionados con la protección de los derechos humanos.
Al respecto, Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y exgobernador de Caracas (Venezuela), dio su punto de vista en el programa La Mañana de NTN24.
“El régimen tiene el repudio colectivo de la comunidad internacional por sus delitos de lesa humanidad, por su asociación con los movimiento subversivos y por el tráfico de drogas”, expresó Arria.
“El régimen le está tomando la temperatura a la comunidad internacional con esta expulsión de los integrantes de la oficina de derechos humanos de la ONU. Desde que el régimen firmó los acuerdos en Barbados, no ha hecho sino abusar y meter gente presa”, afirmó.
Cabe mencionar que el canciller de Maduro aseguró que la suspensión de la oficina también conlleva la revisión de las relaciones, hasta tanto rectifiquen en lo que el régimen considera como una conducta “abusiva y violadora de los acuerdos de Naciones Unidas”, señalándole además de ejercer un “impropio papel” y de ser un “bufete particular de los grupos golpistas y terroristas”.
La sociedad civil en Venezuela presenta en la actualidad momentos muy oscuros en su historia. En los últimos días, el país ha experimentado un aumento de las tensiones dirigidas contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y todo apunta hacia la posible aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
La cesación de operaciones de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU implica la falta de asistencia técnica especializada al Estado venezolano en materia de derechos humanos. Esta ausencia puede dificultar el fortalecimiento de las políticas y prácticas gubernamentales para garantizar el respeto a los derechos fundamentales.
