Todo fenómeno social se manifiesta en varias dimensiones, como un hecho objetivo y como un conjunto de significados subjetivos. La manera en que lo fáctico cristaliza en el sentido común de las personas, así como la forma que adopta dicha realidad al configurarse socialmente, constituye la distintiva contribución de lo que llamamos “constructivismo”.
Es decir, analiza “la construcción social de la realidad”, proceso que abarca, literalmente, el universo de identidades, roles e interacciones sociales. Así, escuchamos cotidianamente que la clase social, la identidad nacional, étnica y racial, el género y la orientación sexual, y hasta la política exterior de un Estado, entre tantos otros, son “construcciones sociales”.
El dinero también lo es. Desde el surgimiento de la banca en el Renacimiento, le atribuimos valor a un papel, por encima de lo que vale dicho trozo de papel y la tinta, porque sabemos que será aceptado para adquirir bienes y servicios que necesitamos y aspiramos. Es un medio de cambio más práctico y eficiente que el trueque, pero para ser completamente fungible requiere un elemento eminentemente subjetivo: la confianza.
Confianza en quien lo emite, aceptado por quien vende los bienes y servicios que deseamos, y que a su vez le dará otro uso. Es decir, nada más concreto y objetivo que el dinero, pero cuyo uso y valor depende de un conjunto de interacciones subjetivas y no siempre medibles; o sea, intangibles. El dinero es una construcción social, entonces.
Una parte especialmente sensible es que la confianza se reproduce en tanto exista razonable certeza —léase, expectativas— de que el papel en cuestión mantendrá su valor en el futuro previsible. Dichas expectativas, una estimación del futuro, por definición se formulan de manera racional; es decir, con información del pasado. Si la historia muestra una pérdida de valor de dicho dinero, la racionalidad de los agentes económicos los llevará a buscar otro, a sustituirlo. Aquel papel no será más que papel.
Estoy hablando de la inflación, precipitante de una suerte de historia de la dolarización en Argentina que comienza en la segunda mitad de los años setenta, no en 2023.
En aquellos años, la aceleración de la inflación, su resistencia frente a las políticas de estabilización, la simultánea apertura de las cuentas comercial y de capital, y un exceso de liquidez internacional —ergo, acceso al crédito externo— generaron una dolarización espontánea. Operar en moneda extranjera dejó de depender del tipo de vinculación con el sector externo y comenzó a ser práctica corriente aún para quienes producían para el mercado interno. Ahorrar en divisas, a su vez, dejó de ser una práctica limitada a los sectores de altos ingresos. La adaptación financiera en activos líquidos se generalizó, mecanismo de protección frente a la inflación.
También se propagó el consumo en moneda extranjera; o sea, viajar al exterior. Fue la época del “deme dos”, un peso fuerte al que los bienes de consumo le resultaban baratos. Aquella época quedó instalada en la memoria, la sociabilidad y la cultura económica de los sectores medios y medios-altos. Desde entonces, el dólar es el bien más demandado —y, en su escasez, el más deseado— por los argentinos.
Una vez en democracia dichos sectores, el electorado fundamentalmente urbano, recompensaron con su voto políticas monetarias que favorecieron la apreciación cambiaria; es decir, un dólar barato. Los planes Austral y Primavera de Alfonsín, la Convertibilidad de Menem, el boom de la soja de los Kirchner, el acuerdo de Macri con los holdouts por medio del “hot money” (tasas desorbitantemente altas), todos ellos favorecieron la apreciación cambiaria, un subsidio al consumo en dólares que se reconoció en las urnas.
Claro que invariablemente seguido por un contra-ciclo: pérdida de confianza en la sustentabilidad del arreglo monetario, depreciación cambiaria e inflación, con episodios hiperinflacionarios a fines de los ochenta y principios de los noventa, así como corridas hacia el dólar, corralitos y crisis bancarias. En los booms para consumir, o en las crisis para protegerse de la inflación, los agentes económicos argentinos operan en un sistema bimonetario desde hace más de medio siglo.
Lo anterior tiene que ver con la propuesta de dolarización que se debate en esta temporada electoral. Entendida en sentido estricto es irrealizable, quienes la proponen lo saben y por eso balbucean cuando surge el tema. En el país no hay reservas suficientes para canjearles los pesos a los argentinos, además que la expansión monetaria ha crecido de manera extraordinaria, justamente, con un ministro-candidato que pavimenta su camino a las urnas con emisión.
Por ello la propuesta de dolarización no es monetaria; la discusión, por tanto, no es de teoría monetaria. En Argentina el dólar es una aspiración y, como tal, una construcción social. Se trata de develar la peculiar “antropología del dólar”. Es que el mensaje encubierto detrás de la propuesta es que los argentinos percibirán su ingreso en dólares, cuyo significante inconsciente es “capacidad de consumo instantánea”. ¿También que el país será de primer mundo, como en los años noventa?
Por lo anterior, en términos electorales la promesa es solo eso, una promesa de campaña, incumplible como tantas y, por ende, demagógica.
