La elección de 1988 fue un parteaguas en la historia política mexicana. Un grupo disidente del PRI le desafió y compitió de igual a igual en las elecciones. Según muchos, la Corriente Democrática—luego PRD—había vencido. El PAN, a su vez, partido conservador con raíces norteñas, tenía quejas desde mucho antes. Se habló de fraude aquel julio, a tal punto que Salinas tomó posesión en diciembre con media Cámara de Diputados vacía.
Jamás había sucedido algo semejante. El poder presidencial diluido el primer día del sexenio; la hegemonía del partido, erosionada. A partir de 1988, ya no alcanzó con la narrativa de la revolución, la legitimidad debía nacer ahora de una elección libre y justa.
En 1990 fue aprobada la legislación que creó el Instituto Federal Electoral, concebido como un ente autónomo, neutral y técnicamente competente a cargo de la administración de elecciones. La elite priista fue lúcida. Entendió la necesidad de sacrificar parte de su poder para no perderlo todo; compartiéndolo, esto es, una verdadera definición de democracia. Fue el comienzo de la transición.
El PRI ganó en 1994 pero fue vencido en 2000, 42 a 36%, reconociendo la derrota y transfiriendo el poder pacíficamente a Vicente Fox del PAN. La alternancia democrática tuvo lugar con asombrosa normalidad. Sin trauma ni conflicto, setenta años más tarde concluyó la hegemonía del PRI.
En la elección de 2006 volvió a ganar el PAN y en 2012, el PRI. Así fue tomando forma un sistema competitivo de tres tercios con tendencia al empate. Desde 2000, ningún presidente había llegado al poder con más del 38% de los votos, pero ello hasta 2018 cuando López Obrador modificó el juego al vencer con el 53% y una amplia mayoría parlamentaria.
Originalmente del PRI tabasqueño, López Obrador también había sido parte de la Corriente Democrática y del PRD, llegando a ser presidente del partido y jefe de gobierno del DF. Su actual partido, Morena, es una respuesta de tipo movimientista a “la partidocracia” que, según su opinión, cometió fraude en la elección de 2006. Lo ha repetido a viva voz hasta el día de hoy, luego de perder por una diferencia de 0.56%. No fue la única vez que recurrió a dicha acusación ante una derrota.
Y por cierto que su inquina hacia “la partidocracia”—léase los partidos políticos de oposición—y otras instituciones que definen una democracia constitucional le ha dado una verdadera identidad a su gobierno. López Obrador ha sido un presidente con gran poder discrecional. En su mesianismo ha flirteado con reformar la constitucional para buscar la reelección, contradiciendo al propio PRI pre-democrático, siempre respetuoso del principio histórico de “sufragio efectivo, no reelección”.
También se ha negado a acatar sentencias judiciales, y para ello ha agraviado a la Corte Suprema con frecuencia. Sus ataques al periodismo independiente son cotidianos en sus conferencias de prensa matutinas, acusándolo de ser servil a “grupos de interés conservadores.” Ha intentado desmantelar el Instituto Nacional Electoral, o en su defecto cooptarlo y reducir su independencia del poder político.
Esta última semana ha reciclado una antigua práctica del super-presidencialismo mexicano. Se trata del dedazo del PRI, la designación discrecional del candidato del partido, a la postre presidente entrante, por parte del presidente en ejercicio. Ello ocurrió en beneficio de la ex-jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y en perjuicio de su ex-canciller, Marcelo Ebrard.
Obviamente ex-post, este último expresó su frustración con la falta de transparencia del proceso de selección; por cierto, un opaco sistema de encuestas. No obstante, el desasosiego de Ebrard resulta paradójico, como si el dedazo pudiera sorprenderlo, siendo un conocedor íntimo de las pulsiones autoritarias de su jefe. Aún en la política mexicana es difícil violar el principio de contradicción: no es posible tener una cosa y su contrario al mismo tiempo.
Para quien acostumbra descalificar a sus opositores con la palabra “conservador”, es curioso que López Obrador encarne el regreso del viejo PRI, ese partido hegemónico pre-democrático que él mismo abandonó en los años ochenta. Al final, la tan mentada “cuarta transformación” no ha sido otra cosa que una restauración conservadora y autoritaria.
Los partidos de oposición, por su parte, la “partidocracia” del PAN, el PRD y el PRI, anunciaron en junio pasado la conformación de una alianza electoral, el Frente Amplio por México. Fue un intento valioso de construir una coalición electoral, pero sobre todo un compromiso con la democratización hasta aquí lograda y contener el deterioro institucional de estos años de Morena.
Fugazmente, el Frente Amplio se registró a comienzos de julio ante el INE y se disponía a encarar la elección primaria cuando en tan sólo dos semanas la Senadora Xótichl Gálvez surgió como candidata natural, casi por aclamación.
Nótese la siguiente escena. El 1ro. de septiembre, con el presidente de la nación fuera de la capital y sus legisladores fuera del recinto, la senadora Gálvez se presentó a la sesión inaugural del Congreso. Tomó el podio y habló con carisma y sensatez. Abandonó el palabrerío ideológico para dar lugar a la prudencia. Rechazó el ataque personal para superar las enemistades. Ya había dejado claro que su gobierno no será aliado de dictaduras y su política exterior condenará a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a propósito de López Obrador y Ebrard.
Su candidatura representa una bocanada de oxígeno. En la encrucijada en que se encuentra el país, bien podría ser un vendaval de aires renovadores. La coalición que la sostiene apunta a evitar la división del campo democrático. Es una saludable estrategia para evitar la fragmentación que estabiliza autocracias. Bolivia, Nicaragua y Venezuela, entre otros, ilustran el punto.
¡Qué viva la partidocracia, entonces! Pues sin partidos no hay democracia. Después de todo, la democracia mexicana está viva y quizás hasta goce de buena salud.
