¿Qué es lo que Usted no entiende, señor? interroga con énfasis y elocuencia el embajador uruguayo ante la OEA. Se dirige desde su poltrona al tirano Nicolás Maduro, que oculta las actas de escrutinio de las elecciones del 28J pasado en Venezuela y da un golpe de Estado a fin de desconocer a la voluntad popular que le derrota con más de 30 puntos.
¿Qué no han entendido?, es la pregunta pertinente con la que Washington Abdala también interpela a sus colegas en el Consejo Permanente, pues parecen sorprendidos de lo que les dice, a voz en cuello, el mencionado representante permanente: “Estamos ante un terrorismo de Estado” – lo ha constatado la CIDH – que “habla de políticas y prácticas autoritarias” y de “un patrón sistemático de violación de la libertad personal” en Venezuela. “¿O es que creen que 8.000.000 de venezolanos salieron por el mundo a hacer turismo?” “¿Qué no se entiende?”, insiste.
Esto se sabía desde tiempo atrás, pero la academia y dentro de ésta la izquierda latinoamericana, a partir de 1999, cuando asume el poder Hugo Chávez Frías en Venezuela, se ocupa de tamizar a su dictadura, hija del Foro de São Paulo. La titulan “autoritarismo electivo” como para separarla, morigerándola y hasta ennobleciéndola, de las típicas dictaduras militares latinoamericanas del siglo XX. “Algunos leen los derechos humanos de distinta manera cuando se violan en un lado o en el otro”, dice bien el diplomático en su memorable intervención.
En efecto, para perseguir a las dictaduras del pasado se acaba con las leyes de punto final que aseguraban la impunidad de los represores y favorecían el tránsito hacia la democracia; mientras que, para los criminales de lesa humanidad y de nueva onda, como en Venezuela, los gobiernos de Brasil, Colombia y México piden protecciones especiales y modelos de justicia transicional a la colombiana. Y la cuestión, sin embargo, no debería de sorprender.
A propósito del acto de agresión de Rusia contra Ucrania, declarado como tal por la Asamblea General de la ONU en una votación determinante (141 votos contra 5 y 35 abstenciones), las primeras disposiciones de la Corte Internacional de Justicia, dictadas al conocer, casi que homologan moralmente a los gobernantes de ambos Estados, obviando que uno es el victimario y otro la víctima. Y lo más grave fue, que, tras la agresión referida, solicitada la expulsión del gobierno de Putin del Consejo de Derechos Humanos, apenas la aprobaron 93 Estados, omitiendo o votando en contra de ello 82 Estados.
La normalización del mal absoluto parece ser, entonces, el signo de los tiempos marcado por esos mismos gobiernos, y de allí el legítimo reclamo de las víctimas en Venezuela a través de la generosa voz uruguaya: ¿Qué no se entiende? “Estamos ante una dictadura oprobiosa, estamos ante lo peor que le ha pasado al continente en mucho tiempo”, precisa Abdala. Y le recuerda a la OEA que no se sale de las dictaduras felicitándolas, con independencia de que cada cual tenga su propio manual al respecto.
El tema, aún hoy, es que ya en 2010 Álvaro Uribe, presidente de Colombia, le hizo saber a la OEA que el teniente coronel Hugo Chávez Frías, presidente venezolano, causante del causahabiente y represor Maduro Moros, alojaba en territorio venezolano – presenta pruebas cabales – al narcoterrorismo, a las FARC y el ELN. Con ellas había pactado, desde agosto de 1999, un régimen de protección y auxilios que incluían insumos químicos de la industria petrolera y el establecimiento de bancos en la frontera, para favorecer el negocio transnacional de las drogas. Venezuela se transformó, hace 25 años, en el holding del crimen organizado global.
A la sazón la OEA pidió diálogo y evitó inmiscuirse. Mediaban procesos electorales en ambos países, Colombia y Venezuela, que consideraban los diplomáticos allí sentados más importantes de proteger: ¿Creían que bastaban los votos para expulsar a los cárteles y al narcoterrorismo, o miraban de lado? De eso hace “mucho tiempo”, que es el mismo que dura la instalación de la tiranía de Caracas y el hemisferio no lo entendió así.
En el año citado de 1999, violando la Constitución de 1961, el recién electo Chávez impuso una constituyente electa por sólo un 46% del padrón electoral, secuestrando la casi totalidad de sus escaños y usando los poderes “supraconstitucionales” de esta para tener bajo su puño a todos los órganos del Estado. Instaló una típica tiranía, “hace mucho tiempo”. La OEA no se dio por aludida. Y “hace mucho tiempo” que en las Américas se justifica la horadación de los elementos esenciales y componentes fundamentales de la experiencia de la democracia, mediante dos argumentos falaces y mendaces, el del voto mayoritario y el del principio de la No-intervención.
Las mayorías no pueden, en democracia, acabar con la misma democracia y favorecer la destrucción de sus garantías institucionales mediante votos. Y la seguridad y defensa de la democracia, “hace mucho tiempo” que dejó de ser un asunto propio y reservado de cada Estado. El principio de la No-Intervención nació para proteger a la república, de donde mal se le puede alegar para destruirla. Así de simple, “todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga. Sin embargo, las regulaciones que implementen los Estados deben ser compatibles con los principios de la democracia representativa que subyacen en el sistema interamericano, incluyendo los que se desprenden de la Carta Democrática Interamericana”, ha dicho claramente la Corte Interamericana en sus decisiones.
“Hace mucho tiempo”, cuando Maduro Moros frisa 2 años como gobernante inconstitucional – no podía ser candidato en 2012 y lo aceptó la OEA – el mismo Tribunal Supremo que ahora busca “legalizar la ilegalidad” de su tiranía, había dictado 45.474 sentencias entre 1999 y 2015. Ninguna fue adversa al Estado. Antes bien, desacató todas las sentencias dictadas en contra de este por la Corte Interamericana. ¿Qué no se entiende?
