El parlamento de Polonia aprobó una ley que autoriza a la guardia fronteriza a expulsar inmigrantes a discreción, otorgándoles el poder de rechazar peticiones de asilo. De acuerdo a la legislación internacional, una persona que solicita protección debe ser capaz de acceder a dicho proceso aún si ha cruzado la frontera de manera ilegal. La normativa prohíbe deportar migrantes cuando su vida o su seguridad están en riesgo.
Junto a Letonia y Lituania, también experimentando un crecimiento anormal del flujo migratorio proveniente de Bielorrusia, Polonia acusa a Lukashenko de alentar migrantes de Asia y Medio Oriente con la promesa falsa de obtener ingreso legal a la Unión Europea. Según Bruselas, se trata de una represalia por las sanciones; nótese la similitud con Maduro. Seis refugiados han muerto en los últimos días en la frontera producto de las bajas temperaturas.
En Estados Unidos, el presidente Biden insiste con frecuencia que las fronteras no están abiertas a la inmigración irregular. Bajo el “Título 42″, recomendado por las autoridades sanitarias en 2020 debido a la pandemia, los funcionarios de inmigración tienen la potestad de deportar a todo inmigrante que llegue al territorio fuera de cualquier proceso legal. Esta misma semana se anunció la reintroducción del programa “Remain in Mexico”, quédense en México.
Las críticas a Trump son cosa del pasado, la política actual no difiere en lo sustantivo. Todavía resuenan las palabras de la vicepresidente Harris de junio pasado en Guatemala: “no vengan a Estados Unidos, serán enviados de vuelta”.
Mas aún, la oleada inmigratoria que se concentra en la frontera sur es un fenómeno de múltiples nacionalidades y geografías. Ilustra el punto que el gobierno de López Obrador comience a requerir visa a ciudadanos brasileños, lo cual no era necesario desde 2004. Ello ocurre a solicitud de la Administración Biden al gobierno mexicano en julio último en virtud del alto número de brasileños arrestados en pasos fronterizos.
Que el tema migratorio es conflictivo y aún explosivo para diversas sociedades lo retrata lo ocurrido en Iquique, Chile, pocas semanas atrás. Una movilización contra inmigrantes terminó en violencia y con la quema de pertenencias y carpas donde se alojaban estas personas. Alrededor de tres mil migrantes se encuentran varados en Iquique, gran parte de ellas después de ingresar a Chile por pasos fronterizos no habilitados. La mayoría son venezolanos, caminantes en una proporción significativa.
Más allá de las voces solidarias de contados funcionarios, el ministro del interior aseguró que reforzará el control de fronteras y retomará las deportaciones masivas, práctica detenida por la propia justicia chilena en el pasado y duramente criticada por organismos internacionales y de derechos humanos. No es exactamente la manera de mitigar las tensiones que pudieran surgir del fenómeno migratorio, una obligación de todo gobierno.
En suma, en Europa y las Américas vivimos un tiempo hostil para el inmigrante. En contraste, el gobierno de Colombia entregó esta semana el Permiso de Protección Temporal al primero de los 1.2 millones de personas registradas bajo el Estatuto Temporal de Protección establecido en marzo pasado para regularizar 1,8 millones de refugiados venezolanos. Se trata de un instrumento legal en beneficio de quienes ya se encontraban en Colombia en enero de 2021. Tendrá vigencia por 10 años y habilitará a los portadores a obtener la residencia permanente. Mientras tanto, se les permite acceder a servicios sociales, educación y empleo.
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Dicho programa es producto de la inspiración y la voluntad del presidente Iván Duque, quien llegó a la presidencia con los brazos abiertos al refugiado y la denuncia ante la Corte Penal Internacional de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Maduro. Como pocos en el hemisferio, Duque expuso que la migración forzosa ha sido una política de Estado de un Estado criminal. Su gesto humanitario es por ello un acto de progresismo: una política que restituye derechos vulnerados e iguala oportunidades; en definitiva, que construye ciudadanía.
La solidaridad es parte de sus decisiones eficaces y sensatas. Los grandes impulsos al desarrollo en la historia han estado acompañados por la incorporación de la inmigración a la fuerza de trabajo en una relación dinámica con los demás factores de producción. Regularizar migrantes permite aumentar la productividad, asignar con eficiencia y fortalecer la capacidad estatal, incluyendo el ensanchamiento de la base tributaria.
A nivel agregado, la inmigración crea más riqueza de la que consume; la xenofobia es ineficiente. Además, los refugiados venezolanos no regresarán a Venezuela, tanto como los sirios no regresarán a Siria. La política migratoria de Colombia—país que ha absorbido el mayor número y el grueso del impacto fiscal, de seguridad y de salud pública de la migración—sugiere una invitación a discutir cómo abordar las crisis de refugiados de manera coordinada entre América y Europa.
Consideremos lo siguiente: se discute la armonización de políticas que regulan el flujo de capitales, el comercio mundial, el ingreso y la tributación, entre tantos otros temas de importancia global. En este mundo de movilidad casi irrestricta, es por ello necesario incorporar la cuestión de los flujos migratorios en dicha conversación. Apenas hemos rasgado la superficie sobre el tema, la conversación está pendiente.
Pues todo ello está contenido en lo que ya constituye una doctrina, la Doctrina Duque sobre migrantes y refugiados. Está escrita en papel y tallada en acciones de gobierno; el Estatuto de Protección es un hecho histórico.
