“Parecería que España se preocupa más por sus hoteles e inversiones que por la democracia y los Derechos Humanos”. Esas fueron las palabras del Senador Robert Menendez, Demócrata por New Jersey, durante la sesión de confirmación de Julissa Reynoso, diplomática nominada por la Administración Biden para ocupar el cargo de embajadora ante dicho país.
Más de una vez usé la metáfora “diplomacia Meliá” para captar idéntico parecer. Al estar “familiarizada con la mediocre presencia y política de España frente a algunos de estos países, principalmente Cuba y Venezuela, y Nicaragua”, según su propio testimonio en la audiencia, Reynoso coincidió con Menendez.
Varios analistas y observadores europeos se mostraron sorprendidos por conceptos tan negativos vertidos para con un aliado de la OTAN en el propio recinto del Senado. Sorpresa que, sin embargo, no puede ser tal cuando se analiza la política exterior del gobierno de Pedro Sánchez en un contexto más amplio y a través del tiempo. En realidad, la sorpresa es que los pesos pesados del Senado demoraran tanto en llamar a las cosas por su nombre.
La “diplomacia Meliá”—es decir, las vastas inversiones en turismo, parque de diversiones para europeos por gentileza de la revolución jinetera—ha hecho a buena parte del sector privado español socio del castrismo y a su gobierno, cómplice. Dos episodios puntuales, a su vez, le dan significado actual al vínculo extenso de la coalición PSOE-Podemos con las dictaduras de Cuba y Venezuela, al tiempo que explican la irritación de Menendez y otros senadores.
En julio último, y junto a otras 20 naciones, Estados Unidos emitió un pronunciamiento de condena al régimen castrista por la represión de las protestas, exhortándolo a respetar derechos humanos universales. A posteriori impuso sanciones al ministro de seguridad y a los integrantes de una unidad de fuerzas especiales del ministerio del interior por los abusos. El gobierno de Pedro Sánchez se rehúsa sistemáticamente a acompañar cualquiera de las dos medidas.
En septiembre pasado, el mismo Senador Menendez había invitado al parlamento español a acompañar una declaración de apoyo al diálogo de Maduro y la oposición venezolana. Más allá de la escasa probabilidad de éxito de dichas negociaciones, la iniciativa surgida del Congreso de Estados Unidos, alineada con la Casa Blanca, obtuvo una respuesta positiva en el Parlamento Europeo y en los de Alemania y el Reino Unido. No así en el de España.
Las excusas burocráticas del bloque PSOE-Unidas Podemos no alcanzaron para aplacar el enfado de los Senadores estadounidenses ni para ocultar la colusión del gobierno de España con el castro-chavismo, factor principal a efectos de entender sus reiteradas claudicaciones en relación a la democracia en el continente americano. Debe subrayarse que dicha declaración del Senado estadounidense había condenado sin ambages la detención de Freddy Guevara y la permanente intimidación del régimen a Juan Guaidó.
Es que más allá del cambio de género la coalición es la misma de siempre, expresión de la larga historia de una España castro-chavista. Recordemos: Raúl Morodo, embajador en Caracas durante el gobierno de Zapatero—este último arquitecto de la coalición PSOE-Podemos—lavó 38 millones de dólares de PDVSA con contratos ficticios ingresados a España con transferencias desde Suiza y Panamá, proceso por el cual fue detenido su hijo. Todo según un informe de la Fiscalía Anticorrupción de España.
En diciembre de 2019, un juzgado de Madrid dictaminó que Pablo Iglesias recibió un depósito de 272 mil dólares del gobierno de Maduro en una cuenta bancaria a su nombre radicada en San Vicente y las Granadinas en concepto de “asesorías para el desarrollo social”. La recepción de dicha suma ocurrió dos meses después de la fundación del partido Podemos, en 2014.
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A su vez, en 2016 Rafael Isea, ex ministro de Finanzas de Venezuela, ya había declarado ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España que Chávez pagó 7 millones de euros a la Fundación CEPS en 2008, institución que dio origen a Podemos. CEPS luego creo CELAG instituto de investigación con sede en Quito. Así se explica el tránsito de varios pagos venezolanos por Ecuador y Bolivia.
El episodio de Delcy Rodríguez en Barajas también ilustra la naturaleza de la colusión. Del avión que no debió aterrizar en España aquel 20 de enero de 2019, por las sanciones de la Unión Europea, quedaron 40 maletas, luego recogidas por un vehículo de la embajada venezolana que salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad. Su anfitrión fue José Luis Ábalos, entonces Ministro de Transportes y Secretario de Organización del PSOE con quien se reunió en la sala VIP del aeropuerto a las 2 de la madrugada.
Son ejemplos. Para entender aún mejor este entramado, considérese el papel de Josep Borrell, ex-canciller del PSOE y hoy Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea. Extralimitándose en sus funciones, Borrell había solicitado públicamente a Joe Biden retirar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. A quien se sumó Alberto Navarro, su Embajador en La Habana que a su vez negó que la Isla fuera gobernada por una dictadura.
En relación a Venezuela, los permanentes esfuerzos de Borrell para rehabilitar a Maduro, contraviniendo disposiciones de la Unión, le han generado fricciones con Ursula von der Leyen—presidenta de la Comisión Europea—y con Dita Charanzová—vicepresidenta del Parlamento Europeo. Pero parecería que Borrell las prefiere a tener fricciones con la mafia criminal venezolana.
Ahora mismo, Borrell anunció el envío de una misión de “observación” para las elecciones a realizarse el 21 de noviembre; comillas porque no existe un mínimo de condiciones institucionales y técnicas que garanticen un trabajo imparcial y competente. En lo que ya es la repetición del teatro habitual, Maduro “amenazó” con no aceptar la Misión de Observación Electoral si esta comete “injerencismo”.
La sobreactuación es demasiado obvia. En realidad es burda, pues Maduro no tiene preocupación alguna. La jefa de la misión será la europarlamentaria socialista de Portugal Isabel Santos, quien recurrentemente emite opiniones sobre la política brasileña en redes sociales adhiriendo al hashtag #ForaBolsonaro. Hablemos de injerecismo: el Foro de Sao Paulo, del cual el PSUV es miembro, debe estar satisfecho. La imparcialidad y la neutralidad de la jefa de misión, a su vez, queda en duda flagrante. Maduro no se quejó por su designación.
España fue guía y modelo de las transiciones de América Latina en los ochenta. Eran los tiempos de Adolfo Suárez y de Felipe González, no los de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hoy ha claudicado de aquel papel inspirador para convertirse en lo opuesto, rueda de auxilio y legitimador europeo de las dictaduras corruptas del siglo XXI.
Es lamentable pero tampoco debería sorprendernos. Es que el PSOE de Pedro Sánchez gobierna en coalición con partidos anti-sistema, Unidas Podemos y el independentismo catalán, fuerzas políticas que disputan y ponen en riesgo la fuente de la legitimidad que lo puso allí en primer lugar: la Constitución de 1978 y la integridad territorial del Estado español. La claudicación democrática no es tan solo con América Latina.
