Gobierno español indulta a líderes independentistas catalanes
Este martes, fueron aprobados los indultos de nueve líderes separatistas catalanes que fueron encarcelados por el intento de secesión de 2017, una controvertida decisión que busca abrir “una nueva etapa” para acabar con el “enfrentamiento” en Cataluña.
Con esta medida de gracia, el gobierno español quiere “abrir una nueva etapa de diálogo, de reencuentro, y cerrar de una vez por todas la división y el enfrentamiento", expresó el socialista Pedro Sánchez, en una declaración luego del Consejo de Ministros que dio luz verde a los indultos.
Sánchez consideró que esta decisión "es la mejor para Cataluña, es la mejor para España" y, aunque auguró "dificultades en el camino" hacia un entendimiento, cree "que merece mucho la pena intentarlo".
Entre los nueve indultados se encuentran varios ex miembros del gobierno regional catalán de Carles Puigdemont, la ex presidenta del Parlamento regional y líderes de asociaciones separatistas, fueron condenados en octubre de 2019 a penas de cárcel de entre 9 y 13 años por su participación en el fracasado intento de independizar a Cataluña de España. Específicamente, son los ex miembros del gobierno regional catalán Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raúl Romeva, la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los líderes asociativos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
La decisión debería hacerse efectiva con prontitud, aunque debe cumplir todavía unos pasos administrativos.
Afirmando que no se espera que los independentistas renuncien a sus ideas, Sánchez explicó que los indultos serán parciales, ya que se conmuta la pena, pero no la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y están condicionados a que los beneficiados no cometan delitos graves en un tiempo determinado.
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- Grave crisis –
El intento de secesión de 2017 constituyó la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco a fines de los años 1970, y todavía condiciona la política nacional.
Pese a la prohibición de la justicia, el gobierno catalán, presidido entonces por el independentista Carles Puigdemont, organizó el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación, marcado por escenas de violencia policial.
El 27 de ese mes, el Parlamento catalán declaró unilateralmente la independencia, a lo que el gobierno español conservador de entonces respondió destituyendo al ejecutivo catalán y poniendo bajo tutela a la región.
Perseguidos por la justicia, los dirigentes secesionistas huyeron de España, como Puigdemont, o fueron detenidos, como el entonces vicepresidente catalán y líder de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, hoy indultado.
Estos perdones están lejos de satisfacer a los independentistas, en el poder en Cataluña, quienes exigen una amnistía, un extremo que implicaría borrar los delitos cometidos, así como la celebración de un referéndum de autodeterminación, posibilidades descartadas por Madrid.
La derecha, que sacó en Madrid el 13 de junio a decenas de miles de personas contra los indultos, acusa a Sánchez de buscar mantenerse en el poder, ya que su gobierno minoritario precisa del apoyo de parte de los independentistas en el Congreso.
La medida es rechazada por el 53% de la ciudadanía española, según un sondeo reciente, que por el contrario mostró que un 68% de los catalanes la aprueba.
- "Lejos aún" de un acuerdo –
Con su decisión, el gobierno de Sánchez busca pasar página de la convulsión de 2017 y propiciar una salida a la prolongada crisis en Cataluña, al mismo tiempo que intenta estabilizar su frágil coalición parlamentaria.
En un contexto en que España respira por la caída de los contagios al avanzar la vacunación anticovid y con la próxima cita electoral nacional en dos años, el gobierno de Sánchez pretende retomar en breve la mesa de diálogo con el ejecutivo catalán, paralizada en febrero de 2020 por la pandemia.
Las posiciones de ambas partes siguen estando en las antípodas.
Más moderado que sus dos predecesores, el nuevo presidente regional catalán, Pere Aragonès, de ERC, mantiene la exigencia de un referéndum de autodeterminación, esta vez pactado con Madrid, parecido al realizado en Escocia en 2014.
Una posibilidad negada de plano por el gobierno central, abierto a una votación en Cataluña, pero solo para decidir mayor autonomía de la región, que ya disfruta de amplias competencias en sanidad, educación y seguridad.
Los indultos "permiten una mesa de negociación más fluida", pero un acuerdo "queda muy lejos aún", estimó a la AFP Lluis Orriols, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid.
