Fiscalía de Guatemala pedirá retiro de inmunidad del presidente y vicepresidenta electos
Mediante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio, el Ministerio Público de Guatemala informó este jueves que solicitará el retiro de inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo y de la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
De acuerdo con el ente investigador, Arévalo y Herrera al igual que otros diputados estarían involucrados en la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
"El Ministerio Público presentará los antejuicios contra los señores César Bernardo Arévalo de León y la vicepresidenta electa Karin Herrera para privarlos de sus fueros”, dijo el fiscal Saúl Sánchez en rueda de prensa, mientras el mandatario electo ha denunciado un "golpe de Estado en curso" para evitar que asuma el mando el próximo 14 de enero.
Los delitos por los que la Fiscalía pretende quitarles la inmunidad junto a otros seis legisladores son "depredación de bienes culturales en forma continuada, asociación ilícita y tráfico de influencias", indicó Sánchez.
El Ministerio Público pidió solicitud de retiro de antejuicio contra el diputado Samuel Pérez, Román Castellanos, Carlos Barreda, Aldo Dávila y otras dos personas.
La investigación inició meses atrás cuando varios de los señalados ya gozaban de inmunidad por sus cargos.
Por su parte la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció este miércoles los intentos de "impedir una transición pacífica del poder" en Guatemala y Estados Unidos insistió en que se respeten los resultados del balotaje del 20 de agosto, en que Arévalo se impuso por amplia mayoría.
"Estados Unidos condena los intentos para impedir que el presidente electo [...] tome posesión. Los resultados oficializados por el tribunal electoral son inalterables", señaló el miércoles el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols, en la red social X.
Arévalo, un sociólogo socialdemócrata de 65 años, acusa a la Fiscalía de orquestar un "golpe de Estado" para evitar que asuma el poder en enero de 2024 por su promesa de combatir la corrupción pública.
Con el caso de la universidad la Fiscalía abrió un nuevo frente contra Arévalo, luego de conseguir inhabilitar a su partido Semilla y de emprender varias acciones contra el Tribunal Supremo Electoral, que validó el triunfo del opositor en los comicios.
