Expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski es salpicado por el ‘Caso Odebrecht’, autoridades piden 35 años de cárcel
Pedro Pablo Kuczynski Godard, también conocido como ‘PPK’, es un economista, empresario, banquero y político peruano que fue presidente de la República del Perú desde el 28 de julio de 2016 hasta su renuncia el 23 de marzo de 2018.
El exmandatario dimitió en medio de acusaciones de sobornos y corrupción, situación que agravó la crisis política que hasta ahora continúa en el seno de la política peruana.
En ese entonces, la oposición del Perú divulgó varios videos y audios que muestran a Kenji Fujimori, hijo del exjefe de Estado peruano, Alberto Fujimori, y otros congresistas intentando comprar votos de parlamentarios para evitar la destitución de Kuczynski.
"Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie”, fueron las declaraciones de ‘PPK’ para poner punto final a su mandato.
“Rechazo categóricamente estas afirmaciones nunca comprobadas y reafirmo mi compromiso con un Perú honesto, moral y justo para todos”, añadió en su ponencia.
Cinco años después de la renuncia, los fantasmas del pasado parecen estar a la orden del día para Pedro Pablo Kuczynski.
En ese contexto, el Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato (Operación Autolavado), instancia que sigue investigando el Caso Odebrecht, una de las causas más representativas de corrupción en América Latina, con la distribución millonaria para políticos, empresarios y exfuncionarios de 12 países, sostiene que el político recibió más de 12 millones de dólares de la empresa brasileña de operaciones.
Por ello, el expresidente enfrenta un pedido fiscal para que se le condene a 35 años de cárcel por la presunta comisión del delito de lavado de activos, con el agravante de organización criminal.
En la investigación, el Ministerio Público del Perú, por su parte, incluyó cuatro personas naturales y cuatro personas jurídicas, contra quienes se han solicitado penas que van desde los 11 hasta los 35 años de privación de la libertad.
