Congreso español aprueba presupuestos 2022 del gobierno de Sánchez
El gobierno español obtuvo este jueves el aval del Congreso de los Diputados a sus presupuestos para 2022, marcados por gastos récord y numerosas medidas sociales.
La ley de presupuestos fue aprobada por 188 votos a favor en la cámara de 350 escaños, al término de arduas negociaciones entre el gobierno del socialista Pedro Sánchez, con minoría en el Congreso, y varios partidos pequeños, entre ellos los independentistas catalanes de ERC.
En total, once partidos políticos los apoyaron, "lo que es muestra de la capacidad de diálogo del gobierno", se felicitó en un comunicado el Ministerio de Hacienda.
Para ser aprobados definitivamente, los presupuestos 2022 deben obtener luz verde del Senado en el plazo de un mes, pero el trámite es considerado una formalidad en vista de los acuerdos entre el Ejecutivo y sus socios.
"España por segundo año consecutivo va a tener en tiempo y forma unos presupuestos generales del Estado", se felicitó en Twitter la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, para quien esto es "un signo de estabilidad y buen gobierno".
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Los presupuestos prevén un nivel de gasto récord de 240.000 millones de euros (unos 269.000 millones de dólares), financiado en parte con 27.600 millones de euros (31.000 millones de dólares) del macroplan europeo de reimpulso económico, del que España es uno de los principales beneficiarios, con 140.000 millones de euros (157.000 millones de dólares) durante seis años.
Comprende una serie de medidas sociales, como la revalorización de las pensiones y de los salarios de los funcionarios, que aumentarán un 2 % el 1 de enero, así como varias medidas destinadas a los jóvenes.
Entre estas últimas, un cheque mensual de 250 euros (280 dólares) para ayudar a personas de entre 18 y 35 años de bajos ingresos a pagar un alquiler, y un cheque cultural de 400 euros (450 dólares) para que los jóvenes de 18 años gasten en actividades culturales.
Estas medidas fueron sobre todo defendidas por Podemos, socio minoritario de los socialistas en el gobierno de coalición, que condicionó su apoyo a la adopción de normas para regular los precios de los alquileres a los grandes propietarios en zonas donde el mercado inmobiliario esté tensionado.
Para ganarse el apoyo de los independentistas, el gobierno aceptó otras contrapartidas, entre ellas una medida que obliga a las plataformas audiovisuales a asegurar el menos 6% de su producción en catalán, vasco o gallego.
