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María de los Ángeles Duarte

Argentina en tensión política por asilo a exministra ecuatoriana sentenciada por corrupción

Argentina en tensión política por asilo a exministra ecuatoriana sentenciada por corrupción
Foto: Agencia EFE
La Cancillería de Ecuador convocó al embajador de Argentina en Quito para solicitar explicaciones sobre el asilo concedido a la exfuncionaria.

Ecuador y Argentina se encuentran bajo tensión diplomática luego de la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de otorgar asilo a María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas ecuatoriana, quien fue sentenciada por corrupción en abril de 2020.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador indicó que convocó al embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fucks, por el asilo concedido a Duarte. 

Según la comunicación, la Cancillería ecuatoriana pretende que Fucks "rinda explicaciones" sobre versiones de prensa que hablan de un supuesto "ultimátum" de Buenos Aires a Quito para que responda a la decisión de dar asilo a la exfuncionaria. 

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De acuerdo a las notas de prensa, Argentina busca que el Gobierno de Ecuador acepte la medida de protección, para que Duarte reciba un salvoconducto y pueda dejar el país

Al respecto, la cartera diplomática de Ecuador emitió un comunicado a través de Twitter en el que señala que “no es lícito conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción”.

Hace días, Argentina notificó a Ecuador que le concedió asilo a Ángeles Duarte, una exfuncionaria pública del gobierno del expresidente Rafael Correa, que se refugió en la casa del embajador argentino en Quito en agosto de 2020, luego de ser condenada a ocho años de cárcel por corrupción.

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La exministra fue sentenciada por el delito de cohecho junto al expresidente Correa y otros exfuncionarios del Gobierno, que según las investigaciones de la Fiscalía, integraban una estructura delictiva que exigió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos estatales.

Correa, quien se encuentra asilado en Bélgica, y sus antiguos funcionarios, rechazan los fallos alegando que se trata de una persecución política.


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