El Ecuador vive nuevamente una fuerte crisis de gobernanza. Tras un fallido juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, por presunto peculado por omisión, y el posterior cierre de la Asamblea Nacional, tras la activación de la disposición constitucional conocida como “muerte cruzada”, el país se ve inmerso en aguas turbulentas que ponen en riesgo su estabilidad. ¿Cómo se llegó a esta situación? A continuación, un contexto de lo ocurrido y sus implicaciones en materia constitucional.
La disuelta Asamblea Nacional, de mayoría opositora, adelantaba un juicio político que buscaba establecer la responsabilidad del primer mandatario por la malversación de recursos en el contrato de transporte de crudo celebrado entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana – FLOPEC – y la empresa Amazonas Tanker. Se debe anotar que este contrato fue suscrito en el 2018, bajo la administración del presidente Lenín Moreno, su antecesor.
Todo estaba orquestado para que se obtuvieran los 92 votos que le permitirían a la Asamblea Nacional la destitución del presidente Lasso.
La polémica giraba en torno a que la oposición en cabeza del partido Unión por la Esperanza, UNES, y el partido Social Cristiano, habían sentado en el banquillo al primer mandatario, sin probar la responsabilidad, aduciendo que por tratarse de un juicio político y no penal esta no debía surtirse, lo que en consideración del presidente Lasso rompía el debido proceso y vulneraba su derecho de defensa. Todo esto en el marco de unas tensas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, quienes tras cerca de cumplir dos años en el ejercicio de sus funciones no lograron mayores puntos de consenso, incluso, desde esta corporación se bloquearon gran parte de las iniciativas del Gobierno.
Según sondeos de la firma Perfiles de Opinión, el presidente Lasso contaba apenas con un 13,9% de aprobación, mientras la imagen de favorabilidad de la Asamblea Nacional estaba por debajo del 6%.
Debido a esta tensa situación y de forma sorpresiva, el presidente Lasso anunció la firma del Decreto Ejecutivo 741, con el cual invocaba el artículo 148 constitucional, que le otorgaba facultades para disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones, aduciendo crisis política y conmoción interna. Causales para activar la denominada “muerte cruzada”, conocida así por poner en riesgo de perder el poder a quien la invoca y a los asambleístas. Arma de doble filo.
Una vez anunciada la medida, los bonos de deuda del Ecuador cayeron un 10%. Se prevé afectación en la calificación de “Riesgo País”, índice que mide a los Estados.
Tras la aprobación de la medida por parte de la Corte Constitucional y el rechazo de las 6 demandas por inconstitucionalidad instauradas por parte de la oposición, incluyendo, la solicitud de medidas cautelares para suspender provisionalmente el decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral estipuló que las elecciones podrían celebrarse el 20 de agosto de este año. Cabe anotar que no es un periodo nuevo, sino la continuación del que queda, tanto para presidente, vicepresidente, como para los asambleístas.
A partir de este momento, el presidente Lasso también queda facultado para gobernar a través de la expedición de decretos ley que serán revisados posteriormente por parte de la Corte Constitucional. En este punto es clave la mesura del primer mandatario para gobernar con prudencia, incluir a todos los sectores políticos, económicos y sociales, con el fin de mantener la gobernabilidad y estabilidad del país. Esto en procura de realizar una transición transparente y armónica del poder, evitando alteraciones del orden público.
Debe aclararse que, a diferencia de lo ocurrido con el expresidente Pedro Castillo, en el Perú, donde sí se configuró un intento de golpe institucional, cuando el entonces mandatario ordenó de forma inconstitucional e ilegal el cierre del Congreso, teniendo como resultado su destitución, medida privativa de la libertad y juicio, no es comparable bajo ningún contexto con la situación del Ecuador, donde se activó un mecanismo constitucional y se actuó con total apego a la ley. Se equivocan quienes buscan equiparar ambos casos, entre esos, el expresidente Evo Morales, de Bolivia.
Desde el exilio el expresidente Rafael Correa descalificó la medida adoptada por el presidente Lasso, al considerarla inconstitucional, lo cual carece de todo sustento. Sin embargo, celebró la posibilidad de que movimientos políticos afines a su proyecto puedan recuperar el poder en las próximas elecciones.
Sin duda alguna, se vienen tiempos difíciles para el Ecuador, no solo por la tormenta política que seguramente desatará la medida, sino por el pulso político que se avecina entre los movimientos afines al “correísmo” y la puja del presidente Lasso o de quienes quieran promover y apoyar su proyecto en las urnas. Existe el riesgo de que América Latina se siga volcando a la denominada corriente de izquierdas progresistas, las cuales ya han demostrado los estragos que en materia de gobernabilidad han producido en sus países. Esperemos que el Ecuador corra con mejor suerte y haya un equilibrio en el mapa geopolítico de la región.
Cápsula 1: El presidente Gustavo Petro sigue desinformando y lanzando falsas acusaciones desde Twitter. La última salida en falso fue la de anunciar que los niños perdidos en las selvas del Guaviare habían aparecido, esto sin corroborar la información. Tuvo que borrar su trino. Esta es una cuenta oficial de consulta permanente y se pide responsabilidad en su manejo.
Cápsula 2: la reforma a la salud que se tramita en la Comisión Séptima del Congreso de la República de Colombia ya cuenta con una aprobación del 84% de su articulado. Preocupa la falta de debate, rigurosidad técnica y desconocimiento del sistema. El activismo político quiere acabar con un modelo que funciona y devolvernos al antiguo e ineficiente Seguro Social.
