Según la constitución de Venezuela, el 10 de enero debe asumir el vencedor de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado. Estipula que el presidente electo tome posesión mediante una ceremonia en el Palacio Legislativo, un acto de juramentación normado por el articulo 231. A tal efecto, en octubre pasado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, envió la invitación a Nicolás Maduro.
Excepto que Maduro no es el vencedor, sólo se auto-proclamó después de adulterar el resultado. Ello al igual que otro 10 de enero, el de 2019, cuando también se juramentó en base a un fraude. En la elección de febrero de 2018 se atribuyó la victoria, luego de múltiples inhabilitaciones y la abstención más alta en la historia de las elecciones presidenciales del país.
Aquella elección fue desconocida por la Asamblea Nacional, entonces en manos de la oposición, y por varios gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Considerando a Maduro un usurpador, y con base en el artículo 233 de la constitución, el Legislativo dispuso la asunción de Juan Guaidó como presidente encargado. Guaidó llegó a contar con el reconocimiento de 60 naciones democráticas.
La coyuntura actual no es idéntica pero tiene algunos rasgos similares, empezando por la clara intención de Maduro de volver a usurpar el poder, esta vez para su tercer periodo consecutivo. Guaidó no contaba con la legitimidad que otorga la soberanía popular, pero sí con la legalidad de la constitución. Edmundo González no cuenta con haber sido oficialmente proclamado presidente electo por institución alguna, pero tiene una avalancha de votos consigo.
La democracia se construye con la legitimidad de origen, que emana del voto popular, y se reproduce cotidianamente con la legalidad de los actos de gobierno, que proviene de la constitución. Dicha legalidad también obliga a reconocer el resultado de ese voto, lo cual no ocurrirá si Maduro se perpetúa. En ese caso, sería plausible un escenario como el de 2019. Algunos países reconocerán a Maduro como presidente, en su mayoría autocracias; las democracias, seguramente a González.
Es que su proclamación oficial nunca podría ocurrir mientras la directiva de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la República, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de Defensa y los jerarcas de los cuerpos de policía, ejército e inteligencia sean todos integrantes de la nomenclatura del PSUV, el partido de gobierno. De eso trata un régimen de partido único. El poder se ejerce de manera fusionada, pues no existe instancia estatal alguna que sea independiente del Ejecutivo; o sea, de ese partido.
Lo fundamental hoy es que Edmundo González cuenta con un capital político de 7.4 millones de votos, contra 3.3 millones de Maduro; una abrumadora victoria de 67% a 30%. Así lo demuestran las actas presentadas por el Centro Carter y las evaluaciones técnicas de ONU y OEA. Así lo reconocen varias naciones democráticas.
Por su parte González se acerca lentamente a Venezuela, pasando por Buenos Aires, Montevideo y Washington. Del exilio al poder, como Lenin, Perón y Khomeini, entre otros, pensaba yo, aunque por supuesto como Rómulo Betancourt. Reitera que el día 10 estará en Caracas juramentándose, todo ello mientras Maduro insiste en su propia juramentación.
Entre tanto la capital y varias guarniciones se hallan literalmente ocupadas por cuerpos de contrainteligencia militar, y mientras tanto María Corina Machado llamó a la calle para el día 9. Se habla de una división en las filas militares, con la convicción de algunos que habrá una deserción masiva de efectivos, lo cual junto a la movilización ciudadana posibilitaría la toma de posesión de González.
Suena voluntarista pero, después de todo, el voluntarismo de la gesta que llevó adelante María Corina estos últimos dos años merece todo el crédito, por momentos hasta para creer en milagros. Ese es el sentido de la consigna “hasta el final”.
Es que también era puro voluntarismo recorrer el país, votar en las primarias, organizar una campaña, neutralizar inhabilitaciones, resistir la represión, forjar consenso en toda la oposición, lograr que la población se involucre, fiscalizar la elección con la participación voluntaria de la ciudadanía y, finalmente, monitorear el cómputo de los votos y demostrar, con más del 80% de las actas, quién ganó y por cuánto.
En todo caso se podría explicar como un acto de fe, cuyo portavoz es María Corina. Ella narra una verdadera saga venezolana, una épica enraizada en la convicción democrática de la sociedad, la cual, 25 años de chavismo después, sigue intacta, indoblegable y esperanzada.
