La historia se inició el 6 de junio con el aterrizaje en Buenos Aires de un Boeing 747 de Emtrasur Cargo, subsidiaria de la venezolana Conviasa. Llegó de Caracas vía Córdoba y descargó mercadería. Cuando dos empresas se negaron a suministrarle combustible, las autoridades argentinas le permitieron volar hacia Montevideo para reabastecerse y seguir rumbo hacia Caracas.
El problema fue que desde Uruguay le prohibieron ingresar a su espacio aéreo y debió retornar a Argentina. Y allí estaba cuando se informó que cinco de los 19 tripulantes son iraníes y el nombre del piloto, Gholamreza Ghasemi, “coincidía” —palabra de Aníbal Fernández, ministro de seguridad argentino— con el de un oficial de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica que, es bien sabido, proporciona apoyo estratégico y operacional a Hezbollah.
Agustín Rossi, a su vez, jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, declaraba a la prensa que los tripulantes iraníes volaron como instructores de los venezolanos, lo cual presentó como una “deducción”. La presencia de Irán y Hezbollah en Argentina es un tema y una historia que jamás puede prestarse a la liviandad especulativa, mucho menos por parte del responsable de la inteligencia del país, pero así son las cosas con el gobierno de Fernández-Kirchner.
A medida que pasaban los días, sin embargo, se multiplicaba la información. El FBI aclaró que no se trataba de homónimos sino de la misma persona y que los iraníes no eran instructores de vuelo. La embajada de Estados Unidos hizo saber que la matrícula del avión figuraba entre las aeronaves de la aerolínea iraní Mahan Air, empresa sancionada por Washington y, por tanto, sujeta a incautación.
Desde Paraguay llegó información de que varios tripulantes habían tenido visitas a Ciudad del Este, la zona de la Triple Frontera donde opera Hezbollah desde hace décadas. Y el juez de la causa Federico Villena informó que el celular de Ghasemi contenía fotos y videos de armamentos y de jerarcas de las Fuerzas Quds; Qasem Soleimani y Mohsen Rezai, entre ellos. Ante dicha evidencia, el magistrado dispuso prohibir la salida del país de 7 de los 19 tripulantes del avión.
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Nótese que Soleimani era el comandante de las Fuerzas Quds, responsable de operaciones clandestinas y abatido en Bagdad por un dron de Estados Unidos. Rezai es un alto oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA y presente en Nicaragua para la asunción de Daniel Ortega, donde se lo vio departiendo con el embajador argentino en ese país, Daniel Capitanich.
Ahora la historia ha tomado un vuelco, ya que, en efecto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalizado la solicitud de incautación de la aeronave. Ello en base a una orden judicial emitida por la Corte del Distrito de Columbia que alega que la nave puede ser confiscada por haber violado las leyes de control de exportaciones locales por la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air a la venezolana Emtrasur. Violaciones que se profundizaron, según el fiscal de DC, cuando entre febrero y mayo de 2022 Emtrasur permitió que la nave volara de Caracas a Teherán y Moscú. A propósito, la invasión de Ucrania comenzó el 24 de febrero.
Pues hay más. Alberto Fernández no dijo palabra alguna sobre la requisitoria de EEUU, pero de inmediato Nicolás Maduro le pidió —¿le exigió?— que entregue la aeronave a su régimen. “Pretenden robarnos la aeronave por mandato de un tribunal de Florida [de DC, en realidad]. Pretenden robarnos el avión como nos robaron el oro en Londres, como nos robaron Citgo”, dijo Maduro en cadena de televisión.
La historia siempre vuelve a su punto de partida: el ataque a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994. Y el punto de partida es el mismo: la desidia de entonces y la de ahora. En 1992 y 1994 el alto número de diplomáticos iraníes acreditados y las visas otorgadas era desproporcionado con el intercambio comercial y cultural entre ambos países, pero prevaleció la indolencia del aparato de inteligencia. Igual que ahora, que especulan e inventan información.
Alberto Fernández, por su parte, ejerce la presidencia delegando el poder, nunca asume las responsabilidades del cargo. No parece tener conciencia de que el jefe de Estado es él. Así delega en su vicepresidenta el armado de la política y en su nuevo ministro de hacienda, la conducción económica; entre otros.
Pues también delega su política exterior, solo que en diferentes figuras del exterior: Ominami, López Obrador, Lula o Maduro, para no hablar de Putin. Maduro, además, siempre le hace pasar vergüenza. Le da instrucciones, lo elogia cuando lo complace y lo felicita desde Teherán cuando cumple. Así lo empequeñece más todavía y, de paso, pisotea la memoria de las víctimas del terrorismo de Hezbollah.
Y todo ello también ocurre por la espiral de indolencia. El problema es que con la delegación de su política exterior Fernández siempre compromete la credibilidad internacional del país. Veremos si, cuándo y qué responde el gobierno ante la solicitud de Estados Unidos. O si le obedece a Nicolás Maduro.
