Por: Beatrice E Rangel
La invocación por parte del presidente Guillermo Lasso de la norma constitucional conocida popularmente en Ecuador como “la muerte cruzada” no solo ha causado desconcierto sino ha revivido el temor sobre el debilitamiento de la democracia en Ecuador y por el impacto de ese potencial desenlace sobre la democracia en América Latina.
La cláusula de la muerte cruzada baraja el juego político puesto que obliga al ejecutivo y al legislativo a renovar sus respectivos mandatos por la vía electoral.
La decisión tuvo sus orígenes en la presencia de movimientos desestabilizadores encabezados por los opositores al presidente Lasso cuyo único objetivo ha sido impedir la gobernabilidad de manera de provocar la caída de su gobierno.
En síntesis, lo que estos grupos no pudieron obtener en las urnas de votación lo persiguieron creando condiciones para la caída del gobierno.
De allí que la única salida a este juego era consultar al soberano si desea continuar siendo gobernado por el jefe del ejecutivo y representado por los miembros del legislativo.
En síntesis se trata de un mecanismo para resolver constitucionalmente las crisis políticas que surgen como consecuencia del enfrentamiento entre los poderes legislativo y ejecutivo.
La decisión de Lasso contrasta con la tomada por el Presidente Pedro Castillo del Perú quien, en violación de la constitución peruana, pretendió cesar al congreso y asumir le control total del Perú. Y al igual que lo está sufriendo Lasso bajo el yugo de los seguidores del expresidente Correa, la sucesora de Castillo, Dina Boluarte tiene que confrontar diariamente los ataques desestabilizadores de los seguidores de su antecesor.
En ambos países operan fuerzas s radicales cuyo objetivo es llevar al poder liderazgos marxistas para desarmar el andamiaje institucional que impide el ejercicio de la democracia directa.
Es decir, se trata de sectas que persiguen ideas trasnochadas sobre la estructura del estado y que están dispuestas a utilizar los más extremos métodos para alcanzar la victoria. Inútil que la historia les demuestre que todos los experimentos de democracia directa han terminado en la quiebra económica y la instauración de regímenes despóticos que violan de manera masiva los derechos humanos. Muchas de estas agrupaciones además han sellado pactos con el crimen organizado abriendo así el camino a la fagocitación del estado por los ilegales.
La presencia de esas agrupaciones hace difícil ver el horizonte político inmediato del Ecuador con optimismo. Porque no se trata de una ola de descontento de una sociedad civil organizada como es el caso de Chile. En esa nación la sociedad civil ha iniciado el proceso de establecer límites al gobierno y preservar los logros de los últimos 33 años. No se trata de movimientos radicales o anárquicos que estén dispuestos a tomar el poder sino de una conducta cívica que dentro de los cauces del estado de derecho ha decidido echar por tierra la concertación y fortalecer la democracia.
En Ecuador se esta jugando una batalla entre la preservación del estado de derecho y el establecimiento de limites a agrupaciones políticas radicales que desean violentarlo para hacerse con el poder para siempre y que han hecho alianzas con las oscuras fuerzas del crimen organizado transnacional. Si llegaran a imponerse, la democracia del continente resultara vulnerada mientras el crimen organizado transnacional contará con un nuevo núcleo de operaciones. Algo harto preocupante.
