Hace 33 años este mes, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de trastornos mentales poniendo fin al mito de que se trataba de una conducta reprobable y una enfermedad mental 'curable'. A pesar de los desafíos para lograr la plena igualdad, la lucha por los derechos LGBTIQ+ sigue avanzando progresivamente en Latinoamérica. En apenas 13 años, el número de países que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo ha pasado de 0 a 9. La casi totalidad de países han despenalizado la homosexualidad y una parte de ellos ya han adoptado leyes integrales de identidad de género. Los grupos LGBTIQ+ van tejiendo nuevas alianzas con otros actores, incluyendo del sector privado o de grupos basados en la fe y, de forma paulatina, van ganando nuevos espacios de incidencia y visibilidad en su lucha.
Sin embargo, en la misma medida que las personas LGBTIQ+ tratan de ir ganando espacios de visibilidad y del reconocimiento de sus derechos, también sufren diariamente discriminación y elevados niveles de violencia. En América Latina, por ejemplo, durante el año 2021 se registraron 377 víctimas de homicidio de personas de la diversidad sexual en diez de los países de la región que cubre el Observatorio de la Red Regional Sin Violencia LGBTI. Estos asesinatos, motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, revelan la carencia de acciones específicas de la gran mayoría de los Estados para prevenir, proteger y sancionar dichos crímenes, e incluso, para documentar adecuadamente estos casos.
Nuestra Oficina, así como lo ha hecho también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha documentado repetidamente la violencia que se ensaña contra las personas de la diversidad sexual, por ejemplo, contra mujeres trans que huyen de la violencia en sus países a través de la ruta migratoria por el Darién, Centroamérica y México. Este es un ejemplo más del contexto hostil que tienen que sobrellevar las personas LGBTIQ+. Un contexto en el cual aún hay sectores sociales y políticos que, basados en concepciones e ideas de orden filosófico, religioso y/o moral, se oponen a la igualdad de derechos, invisibiliza mucho más la grave situación que viven las personas LGBTIQ+. A ello se une la invisibilidad de estas personas en los censos oficiales, lo cual se traduce en la ausencia de políticas públicas inclusivas y a su ineludiblemente exclusión para el disfrute de derechos y prestaciones sociales.
En la región aún persiste un discurso lineal e intransigente basado en prejuicios y estereotipos de lo que es o no lo correcto, sobre cómo deben ser las personas o cómo deben comportarse. Lamentablemente, este discurso homofóbico y transfóbico ha calado en muchos liderazgos políticos y de gobierno, operadores de justicia, religiosos e, inclusive, en las redes sociales y medios de comunicación, fomentando con ello un clima de intolerancia y violencia contra los grupos de la diversidad sexual.
Un ejemplo de esto es la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá negando el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Al respecto, la CIDH lamentó esta decisión al impactar de manera negativa el principio de igualdad y no discriminación al excluir la posibilidad de matrimonios entre personas del mismo sexo. También la CIDH afirmó que, según los estándares desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los derechos garantizados a las parejas de sexo opuesto deben ser extendidos y reconocidos también a aquellas conformadas por personas del mismo sexo, en el entendido que tanto la vida familiar como el derecho al matrimonio son derechos vinculados al principio de dignidad y libre autonomía de las personas, así como al derecho a formar su proyecto de vida sin injerencias abusivas del Estado. En consecuencia, hemos observado como grupos conservadores y/o fundamentalistas han atacado varias iniciativas en pro de la igualdad de los derechos de las personas de la diversidad sexual, inclusive al Observatorio Nacional de las personas LGBTIQ+, constituido por la Defensoría del Pueblo en febrero de este año.
En este punto, es importante reiterar que la igualdad de las personas LGBTIQ+ se circunscribe al ámbito de los derechos humanos y, por ende, no ha de situarse en los parámetros del ámbito filosófico, religioso o de orden moral. Las personas y activistas de la diversidad sexual no están luchando por derechos especiales, sino por los mismos derechos para todas las personas sin excepción. Precisamente, a casi 75 años de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, vale la pena recordar los principios de libertad, igualdad y justicia con la que esta Declaración fue concebida y proclamada en 1948 por todas las naciones.
Es hora de solidarizarse con todas las personas del colectivo de la diversidad sexual y de erradicar el discurso estigmatizante hacia ellas para lograr la igualdad. Al mismo tiempo, es imprescindible entender que la lucha de los colectivos LGBTIQ+ debe ser una lucha de todas las personas porque como cualquier otra lucha social por la igualdad de derechos tiene el denominador común de combatir la discriminación. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, incluyente y democrática, donde el respeto a los derechos humanos de todas las personas sea la regla y no la excepción.
