La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el pasado 30 de marzo un informe titulado “La situación en la República Bolivariana de Venezuela 1″, en el que no solamente respondió a los argumentos presentados por el régimen de Nicolás Maduro en cuanto a las investigaciones de delitos de lesa humanidad, sino que destaca que el proceso judicial continuará su curso.

El Fiscal Karim Khan ratificó que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”.

Asimismo, denunció que el Estado venezolano no ha logrado demostrar que se hayan realizado las investigaciones y/o enjuiciamientos correspondientes a cada caso denunciado.

“La comisión múltiple de estos actos constituía un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado (...) sistemático y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”, precisó el escrito.

La CPI considera que cientos de víctimas fueron sometidas a una gran variedad de crímenes.

Las víctimas fueron presuntamente sometidas a actos de violencia, incluyendo palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico.

Finalmente, no descartó que se haya cometidos más delitos de los que han sido denunciados ante el máximo organismo judicial.

Maduro respondió a la CPI

Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro, salió al paso con la publicación de un comunicado donde insiste en que la justicia venezolana ha investigado y enjuiciado los presuntos crímenes o lo está haciendo actualmente. Al mismo tiempo, la Cancillería tildó a la CPI de actuar con prejuicios en el caso.

Una vez más, el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos.

A su juicio, el documento consignado ante la Fiscalía el pasado 28 “desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido”.

“Venezuela ratifica que seguirá ejerciendo todas las acciones disponibles para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación, frente a esta expresión de ‘lawfare’ (guerra de leyes) que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos”, señala el comunicado.