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Reforma

Con duro cruce de acusaciones avanza en el Senado de México el trámite final de la controvertida reforma judicial

La oposición, Estados Unidos, expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch aseguran la reforma socavará la independencia judicial.

La polémica reforma del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección popular de jueces y magistrados, inició este martes su trámite final en el Senado en medio de protestas, tensiones con Estados Unidos y nerviosismo económico.

La sesión comenzó con un duro cruce de acusaciones dentro del partido opositor PAN, pues uno de sus senadores, Miguel Ángel Yunes, se ausentó por razones de salud y fue sustituido por su padre.

Esta situación alimentó las sospechas de que el oficialismo podría lograr así el voto que le faltaría para aprobar la reforma constitucional.

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"¡Traidor! ¡Poco hombre!", gritaron desde la bancada del conservador PAN a Miguel Ángel Yunes padre, también político, quien no adelantó el sentido de su voto, si bien estuvo acompañado de dirigentes oficialistas. "Cobarde y traidor eres tú!", respondió Yunes al presidente del PAN, Marko Cortés.

Se espera que el proyecto sea votado entre este martes y el miércoles.

Con banderas de México y pancartas, cientos de trabajadores del poder judicial en huelga se concentraron en los alrededores del Senado para rechazar la iniciativa, que fue aprobada la semana pasada por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados que sesionó en un polideportivo, pues su sede fue bloqueada.

López Obrador, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre, asegura que la elección de jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, es urgente porque el poder judicial está "podrido de corrupción".

"Lo que más les preocupa a los que están en contra de esta reforma es que van a perder sus privilegios, porque el poder judicial está al servicio de potentados (...), de la delincuencia de cuello blanco", expresó este martes el mandatario, cuya popularidad ronda el 70%.

En vísperas del debate, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, equiparó la enmienda con un intento de "demolición del poder judicial", lo que fue rechazado por el presidente, que mantiene un duro enfrentamiento con ese tribunal tras bloquearle reformas clave en los sectores energético y de seguridad.

La oposición, Estados Unidos, expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch aseguran que el voto directo socavará la independencia judicial y dejará a los jueces a expensas del narcotráfico.

La enmienda colocaría a México "en una posición única en términos del método de elección de jueces", señaló Margaret Satterthwaite, relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

El otro caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.

Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).

Con un pasado de deserciones y escándalos, el opositor PRI concentró a sus senadores en un hotel tras denunciar amenazas del crimen organizado.

Los partidos opositores, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. han dicho que votarán contra la iniciativa, al tiempo que denuncian presiones desde el oficialismo.

Estados Unidos y Canadá advierten de un daño al acuerdo de libre comercio T-MEC en caso de que la reforma sea aprobada en momentos en que México se consolida como principal socio comercial de su vecino del norte.

López Obrador, quien rechaza esas expresiones como "injerencistas", insiste en que el voto acercará la justicia a la gente en este país donde diariamente se registran unos 80 homicidios y la impunidad supera el 90%.


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