"Serán citados": Diosdado Cabello advierte que quienes dijeron que Edwin Santos fue asesinado deberán presentar testigos
El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello informó este miércoles que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc), inició una investigación contra dirigentes, ONG y periodistas que afirmaron que el activista de Voluntad Popular, Edwin Santos había sido asesinado.
Cabello reiteró que el Cicpc esclareció el suceso y determinó que Santos falleció tras sufrir un accidente de tránsito en el estado Apure. Además resaltó que su familia nunca denunció la desaparición del dirigente.
Tras hacer esa aclaratoria, el también vicepresidente del Psuv mencionó que ONG como Provea deberán presentar los presuntos testigos que presenciaron el secuestro del dirigente.
"Si Provea dijo que había dicho que tenían testigos, van a tener que buscar los testigos y presentarlos. No se pueden escudar de que son una ONG. El 28 de julio ustedes pasaron la raya, que tenían que pasar, va a haber justicia para que haya paz", dijo.
"Esto es una manipulación para que la gente crea que el gobierno de Venezuela asesina por razones políticas. Los vamos a llamar a todos y van a tener que presentar sus testigos. Nosotros a los adversarios políticos le ganamos en las elecciones2, continuó.
Para el ministro del régimen, se trata de una supuesta estrategia para perjudicar al chavismo.
"Los que salieron a acusar de manera tendenciosa y temeraria a decir que ocurrió algo que no había ocurrido serán investigados. Ya la investigación está abierta. Pueden chillar donde quieran", sentenció.
El pasado 25 de octubre, Voluntad Popular denunció el asesinato de Santos en la población de Guasdalito, Apure y responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro.
"Fue asesinado luego de haber sido secuestrado por miembros de los organismos de seguridad del Estado", expresó la organización en un comunicado.
La detención no había sido confirmada por las autoridades, pero VP había reportado una desaparición forzada. Varios dirigentes se plegaron a la denuncia y la ONG de derechos humanos Provea alertó sobre "una posible ejecución extrajudicial".
