OVP pide intervenir policía de Acarigua tras masacre del pasado viernes
Fueron 30 los presos fallecidos en una masacre en los calabozos del Centro de Coordinación N° 2 General José Antonio Páez en el sector Campo Lindo en Acarigua, estado Portuguesa, uno de los presos fue asesinado el jueves 23 de mayo y de allí se desato el conflicto que culminó el viernes 24 de mayo con 29 presos muertos, convirtiéndose en una nueva masacre, según informa a través de una nota de prensa el Obversatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Los cadáveres de los 30 reclusos fueron trasladados hasta el Hospital Dr. Jesús Casal Ramos de Acarigua, allí comenzaron a llegar sus familiares quienes fueron pasando para identificarlos. Una vez que tenían conocimiento que su ser querido estaba muerto comenzaba la faena con los papeles para retirar el cuerpo y según pudo conocer el OVP muchos de ellos no tenían recursos para darle cristiana sepultura a sus seres queridos.
“El Gobierno fue quien los mató ellos deberían darnos para enterrarlos”, expresó una de las tías de los fallecidos a un medio de comunicación local y es que un servicio funerario lo mínimo que cobraba era un millón 300 mil bolívares, muchos resolvieron pidiendo prestado a amigos, familiares, otros con donaciones de vecinos, algunos los ayudaron familiares de afuera, otros simplemente vendieron lo que tenían, pero casi todos son familias de escasos recursos y solo les alcanzó para adquirir los féretros más baratos.
Además del sufrimiento de haber perdido a sus familiares cada uno debió esperar para la entrega de los cuerpos porque en un principio en el Hospital no había suministro para hacer las autopsias, hasta este domingo en horas de la mañana eran 26 de los 30 cadáveres que habían sido entregados a sus familiares.
Humberto Prado, coordinador general de OVP pide a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de estos hechos pues familiares aseguraron que algunos de los cadáveres presentaban orificios de bala en la cabeza y estas heridas fueron omitidas en los informes forenses, los documentos expresaban que la causa de muerte era por la explosión de un artefacto explosivo.
De igual forma, Prado exigió que no exista la impunidad en estos nuevos hechos violentos, que se ubique, enjuicie y condene a los responsables de esta masacre, así como el Estado debe reparar los daños causados a cada una de las víctimas y sus familiares.
En este sentido, solicitó una intervención de está policía en la que a través de videos se evidenció como los presos estaban armados y en una supuesta requisa realizada después de la masacre en donde además se observaron a los presos totalmente desnudos, violando totalmente su integridad, fueron presuntamente sacadas 17 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólver y escopetas, tres artefactos explosivos tipo granadas, así como múltiples armas blancas.
“¿Quién arma a los presos?” se pregunta el coordinador general de OVP. “El preso ya está preso y bajo custodia de ellos, un familiar no puede introducir en sus partes íntimas una escopeta, una pistola o una granada, además ellos son sometidos a una rigurosa revisión que le violan hasta el alma” expresa Humberto Prado.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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