Opinión | La inmoral pretensión de normalizar a Maduro, por Héctor Schamis
“Lo vi al llegar a Srebrenica y lo dije: aquí está ocurriendo un genocidio en cámara lenta. En el Consejo de Seguridad dijeron que era una exageración. Al año, mientras los europeos decían que había que dialogar, en Bosnia mataron a 300 mil musulmanes y violaron a más de 20 mil mujeres; era política de Estado. Los europeos recomiendan diálogo cuando se trata de los problemas de otros. Nos van diezmando mientras a la distancia insisten: diálogo y nunca ponerle un dedo encima a Maduro”.
El paralelo fue trazado por Diego Arria en Ginebra. Así como se intentaba apaciguar a Milosevic, hasta que la intervención de la OTAN en 1995 terminó con el horror, continúa esta inmoral pretensión de normalizar a Maduro, cuya política de Estado es el exterminio, entre otros crímenes de lesa humanidad detallados en las denuncias radicadas ante la Corte Penal Internacional.
La analogía de Arria es acertada debido a que en la Unión Europea están conversando sobre cómo relanzar el proceso de diálogo en Venezuela y convocar a elecciones libres. La canciller de España ofreció que Madrid fuera sede de un próximo encuentro. Bruselas informa que el tema se discutirá a petición de Josep Borrell, Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, dado el interés de varios Estados por reactivar el “Grupo de Contacto”.
El llamado Grupo de Contacto se creó en febrero de 2019, una idea de la anterior jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Dicho grupo planteó básicamente un solo objetivo, irrealizable si la intención genuina era la democratización de Venezuela: elecciones en 90 días y organizadas por Nicolás Maduro, justamente, con las instituciones electorales existentes.
La reunión inicial de entonces se llevó a cabo en Montevideo bajo el auspicio del gobierno de Tabaré Vázquez, próximo a concluir el 1ro. de marzo, cuya política exterior estaba alineada con Maduro por opacas razones. Ante el incumplimiento, Mogherini tuvo que darle a Maduro otro plazo perentorio de 90 días. Pero como Maduro siguió allí después de varios 90 días, archivaron la hipocresía hasta nuevo aviso. O sea, hasta hoy que la reciclan.
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Dicha iniciativa no cuenta con la participación de la OEA, la organización regional más importante. Imagínese ello en reverso: una crisis política en una nación europea en la que una gestión diplomática de la OEA no incluya la participación formal de la Unión Europea. Es un absurdo que revela el principal objetivo: disputarle el terreno a Estados Unidos en su zona de influencia. Pues en ello reside una buena parte de la llamada “identidad europea”.
El Grupo de Contacto jamás admitió la recomendación de experto electoral alguno en relación a la necesidad de una transformación de raíz del sistema electoral para llevar a cabo una elección creíble, ello además de la partida de Maduro. Y que dicha tarea requiere bastante más de 90 días. El término “diálogo” siempre ha sido un eufemismo para alargarle el horizonte temporal al régimen.
Al mismo tiempo se reunió el Grupo de Lima en Ottawa, con idéntico script de diálogo más el agregado de la desesperación canadiense en su política exterior: Cuba. Es decir, Canadá pontifica sobre democracia y derechos humanos en el hemisferio mientras se alía a la dictadura más antigua del hemisferio. Algo así como un triple salto mortal—lógico, ético y diplomático—del cual esperan caer de pie gracias a los votos que los cubanos les traerán para ocupar un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
O eso creen ellos, fantaseando con la idea que el castrismo cumplirá con su palabra. Así fue como impulsaron al coordinador del Grupo de Lima, el peruano Hugo de Zela, a admitir la inutilidad del propio Grupo de Lima: “Llegamos a la conclusión de que emitir declaraciones como las que hemos estado emitiendo no conduce realmente a una solución. Así que decidimos cambiar el método”. ¿O sea, ahora reconocerán a Maduro, luego de haber rechazado su elección de 2018 por fraudulenta en declaración de junio de 2018, precisamente?
Acrobacias discursivas múltiples y en varias direcciones, observará el lector, no es ese un número que se vea bien en la arena circense. Pues los canadienses también le hicieron decir a De Zela que ahora el Grupo de Lima iniciará un diálogo con Cuba en la búsqueda de una solución “que debe estar basada en elecciones libres y debe ser pacífica”. Además de Canadá y Perú, las negociaciones con Cuba incluirán a Argentina, cuya política exterior, a la deriva, busca algún reconocimiento de quien sea.
De Zela habló en nombre de todo el grupo, abrogándose una representación que muchos países no le otorgaron. De hecho, las cancillerías de Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, todos ellos integrantes del Grupo de Lima, no están demasiado entusiasmadas con al repentino acercamiento a Cuba impulsado por Canadá e instrumentado a través de De Zela. No era lo previsto, dicen algunos.
Tampoco quedó claro si la solución pacífica que auspiciará el Partido Comunista cubano con la bendición canadiense incluirá, o no, la partida de los 20-30 mil oficiales militares que protegen a Maduro, torturan en el DGCIM, controlan el aparato de inteligencia, los aeropuertos, las cédulas de identidad y el padrón electoral. Tampoco se dijo si Cuba levantará las sanciones a la economía y al pueblo de Venezuela, es decir, los miles de barriles de petróleo que reciben cada día como obsequio.
Tantos absurdos juntos deben ser leídos en el marco del hecho más relevante del hemisferio en al menos una generación: la elección del Secretario General de la OEA el 20 de marzo próximo. De Zela es candidato, tiene el voto peruano y medio de Canadá, quien arbitra entre él y María Fernanda Espinosa, candidata cercana al régimen cubano. Es frecuente en una elección: la desesperación de las semanas finales promueve la compulsión de intentar darle sentido a más de un sinsentido.
Pues al final es fácil entender todo esto, se trata de una campaña electoral. Ergo, la pregunta central es: ¿quién es el candidato preferido de Maduro, Cabello, Castro y sus amigos? Cualquiera menos Luis Almagro, quien le devolvió contenido, sentido estratégico y principios rectores a una OEA que se hallaba en la irrelevancia cuando llegó en 2015, teledirigida desde Caracas.
No accidentalmente, sus oponentes repiten dos palabras ad nauseam: diálogo y consenso. Proceden como si la historia comenzara de cero cada vez que se les ocurre. Olvidan que la primera instancia de diálogo con el régimen de Maduro ocurrió en abril de 2014 y Almagro estuvo allí. Los conoce muy bien, sabe mejor que nadie que cuando Maduro habla de diálogo, Maduro continúa en el poder.
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El consenso, por otra parte, no es consenso a la carta sino con menú fijo. La OEA tiene un mandato institucional, una verdadera constitución de las Américas. Son los documentos fundantes que consagran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Carta Democrática, por ejemplo, dice en su articulo 1ro que “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Quienes quieren consenso allí lo tienen, está escrito. ¿O lo buscan con dictaduras criminales?
Todo esto me recuerda “La banalidad del mal”, expresión inmortalizada por Hannah Arendt. Es el subtítulo de Eichmann en Jerusalén, libro que recopila su cobertura del juicio para The New Yorker. La banalidad reside en que Eichmann es un ser común, como cualquier otro. Su maldad no es innata ni patológica, solo la mera consecuencia de obedecer sin interrogar la moralidad de las órdenes recibidas. Eichmann causa el mal a millones por ser eficiente, un simple burócrata como tantos que cumplen sus obligaciones sin cuestionar.
Algo parecido ocurre con la normalización de Maduro por buena parte de la llamada “comunidad internacional” en Europa, Canadá y el Grupo de Lima. Toman decisiones como quien obedece órdenes, sin cuestionarse nada. La inmoralidad fundamental es que todos ellos reconstituyen a Maduro como actor legítimo. Lo dignifican, le dan entidad a quien no es más que una pieza en el rompecabezas del conglomerado criminal que lo sostiene. Y así se transforman en cómplices.
Pues de la continuidad de Maduro dependen las rentas monopólicas a extraer. Su partida aumentaría la incertidumbre de los negocios y, ergo, el riesgo empresarial-criminal. Allí están los narcos, los contrabandistas de gasolina, los traficantes de armas, los pranes—organizaciones delictivas que operan desde las prisiones—, la minería ilegal, los colectivos y el ELN. Por supuesto, también está la dictadura cubana, para quien la estabilidad del régimen actúa además como cordón de protección.
Por todo esto, la partida de Almagro de la OEA sería indispensable para las utilidades del conglomerado criminal. Por lo cual Almagro debe continuar, entre otras tantas razones porque es de los pocos con la capacidad de interrogarse a sí mismo acerca de la moralidad de las posiciones políticas que adopta y las decisión políticas que toma.
Y por ello sabe bien que, como ocurrió en Bosnia, la Venezuela de Maduro es un genocidio en cámara lenta.
Por Héctor Schamis |
